Al entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal en nueve entidades del país (Aguascalientes, Colima, estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, Nuevo León y Tabasco), la procuradora general de la República, Arely Gómez González, aseveró que si bien representa enormes beneficios, lo cierto es que también involucra retos en el ámbito institucional para que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones.

En tanto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, sostuvo que la entrada en vigor del sistema acusatorio –que a partir de ayer se aplica en total en 24 entidades en donde vive más de 70 por ciento de la población y que el 18 de junio próximo entrará en vigor a escala nacional– constituye un punto de inflexión para combatir los flagelos de la impunidad, la ineficiencia y la corrupción que han socavado la credibilidad del sistema penal.

Al encabezar ayer en la sede del máximo tribunal –junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong– la ceremonia de inicio formal de actividades de nueve centros de justicia penal federal, la procuradora Gómez aseveró que no basta con contar con las mejores normas, personal capacitado y sistemas informáticos, si esto no recupera la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Ante la presencia de ministros, consejeros de la Judicatura Federal, funcionarios, diputados y senadores, la funcionaria precisó que quedan pendientes dos etapas más –una en abril y otra en junio– para que se integre el resto de las entidades del país al sistema oral, antes del 18 de junio.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente de la Suprema Corte, ministro Luis María Aguilar Morales, participaron en la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal en nueve entidades del país (Aguascalientes, Colima, estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, Nuevo León y Tabasco)Foto María Luisa Severiano

A su vez, Aguilar Morales señaló que la principal labor de los 205 jueces, que fueron elegidos mediante concursos de selección para integrar las nuevas salas de justicia oral, es defender los derechos humanos de los involucrados en los procesos penales, tanto de las víctimas como de los procesados.

Estamos sentando las bases para transformar radicalmente nuestro sistema de justicia penal, con una alta expectativa de cumplirle al pueblo de México, indicó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

Agregó que el nuevo sistema está llamado a satisfacer las legítimas demandas de la sociedad, que requiere transparencia y calidad en la actuación de sus jueces para recuperar la credibilidad en los magistrados, quienes, por cierto, ahora resolverán los asuntos en audiencias públicas y de cara a la sociedad.

Por su parte, Osorio Chong dijo que la justicia es la base de la libertad, igualdad y el ejercicio de los derechos. Es el arranque para afianzar la unión como sociedad, donde hay justicia hay armonía y desarrollo y mayor confianza de los ciudadanos.

Y destacó la importancia del nuevo sistema de justicia penal, porque abrir el paso a la justicia es cerrar el paso a la impunidad, avanzar por el camino de la certidumbre y la seguridad.