Un tribunal unitario confirmó el auto de libertad en favor de cuatro militares vinculados al caso Tlatlaya, luego de ratificar que la Procuraduría General de la República (PGR) no ofreció evidencias de que los acusados hubieran incurrido en el delito de ejercicio indebido del servicio público, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

El pasado 6 de octubre el juez federal Darío Noguera, del juzgado decimocuarto de distrito en procesos penales federales, ordenó la liberación de los militares en primera instancia.

Los acusados fueron defendidos por el penalista Juan Velásquez, quien logró demostrar que los militares Alan Fuentes, Julio César Guerrero, Samuel Torres y Ezequiel Rodríguez resguardaron la bodega donde ocurrieron los asesinatos de 22 presuntos secuestradores, pero no ingresaron a ella.

En su momento, la PGR acusó a los militares de haber irrumpido el 30 de junio de 2014 en una bodega en Tlatlaya, estado de México, donde murieron 22 presuntos secuestradores, de los cuales al menos 11 fueron presuntamente ejecutados por elementos castrenses.

Por ahora, sólo tres elementos continuarán bajo proceso penal en el ámbito de la jurisdicción de jueces federales (los militares Roberto Acevedo, Fernando Quintero y Leobardo Hernández).

No obstante, los cuatro soldados beneficiados con la resolución judicial aún están sujetos a proceso penal por delitos de la jurisdicción militar, mismos que no son considerados graves y les permiten gozar de la libertad provisional bajo fianza.

De las constancias de autos de la causa penal 81/2014, a la que tuvo acceso este diario, queda claro que entre autoridades de la PGR y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) existen diferencias de interpretación sobre lo ocurrido en Tlatlaya.

Mientras la comisión concluyó en su recomendación que algunos de los militares implicados ejecutaron al menos a 15 de los presuntos secuestradores, después de que ya se habían rendido, la autoridad ministerial (el entonces procurador Jesús Murillo Karam) sostiene que sólo tiene pruebas para demostrar ocho homicidios sumarios y para acusar como autores directos de los mismos a tres de los militares implicados.

Según informes del expediente, la procuraduría únicamente acusó de ocho homicidios dolosos a los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides.