Buenos Aires.

Dos enviados del gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, propusieron a Milagro Sala, legisladora del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), pedir su detención domiciliaria, antes del viaje del mandatario para reunirse con el papa Francisco, lo que fue rechazado por la dirigente social, presa en una cárcel de Jujuy.

La detención de Sala, considerada ilegal por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), era uno de los temas conflictivos entre el gobierno y el Papa, quien envió recientemente un rosario a la dirigente detenida por acusaciones insostenibles formuladas por el gobernador Gerardo Morales.

Miembros del gobierno derechista de Cambiemos, entre ellos la diputada Elisa Carrió, criticaron que Jorge Mario Bergoglio haya recibido a Macri apenas 22 minutos este sábado en el Vaticano. “El Papa tiene un doble discurso que no ayuda a la pacificación y empodera a los violentos”, afirmó Carrió, quien furiosa expuso: Macri quiere pacificar al país y el papa Jorge Bergoglio no ayuda... los sacerdotes no se tienen que meter en política... El Papa se rodea de personajes mediocres y le gusta el chisme político.

El periodista y escritor Horacio Verbistky consideró una extorsión la propuesta del gobierno a Sala, en lo que calificó de causa (judicial) indecorosa donde no se dejó ilegalidad por cometer al advertir que el gobernador provincial controla a la justicia jujeña y el gobierno nacional a ambos.

Macri ha negado en todo momento que Milagro Sala sea una presa política.

Los fiscales de la Procuvin dictaminaron que Sala es víctima de la peor violencia: la institucional, que proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y los fiscales. Cuando es justamente ese poder estatal el que comete la ilegalidad y ejerce violencia el desamparo es absoluto.

Además resaltaron que no se inició el proceso de desafuero ni se dictó la inconstitucionalidad del artículo por el cual los parlamentarios del Mercosur gozan de las mismas inmunidades que los diputados nacionales.

En este mismo marco de ilegalidades varios analistas y juristas han respondido a la insólita citación del juez Claudio Bonadio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli con la intención de acusarlos por las pérdidas que la devaluación dispuesta por Macri, su ministro de Hacienda, Alfonso de Prat Gay y el titular del Banco Central, Federico Sturzeneger, le provocó a la entidad emisora en la operación con dólares a futuro.

En varias ciudades y en esta capital aparecieron carteles que denuncian la evidente persecución política contra la ex presidenta y los analistas advierten sobre una ofensiva oficial.

El periodista estrella de Clarín Jorge Lanatta, que batió los récords de denuncias que nunca pudo demostrar contra la ex mandataria y su familia, y quien acaba de comprarse un departamento de 2 millones 500 mil dólares en una isla privada de Miami, dijo en estos días en una conferencia en la Universidad Harvard que Cristina debe ir presa.

“Se ha dado un salto en calidad en estas horas en la ofensiva contra la ex presidenta. No ha de faltar odio personal en esta escalada, pero... de lo que se trata es de apurar lo que el stablishment considera el combate decisivo de esta etapa política, en el que se juega la destrucción del mito kirchnerista, o el virus kirchnerista. Es una necesidad estratégica para la consolidación del giro neoliberal”, sostiene el politólogo Edgardo Mocca.