No hay ni puede haber pruebas que me involucren: Luis Pazos

n la edición del domingo 28 de febrero de La Jornada, en el encabezado de la primera plana me involucran en una asignación de recursos a una institución cuyo titular es acusado de desviación de recursos.

Independiente de la culpabilidad o inocencia del acusado, un servidor, en su carácter de diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no manejó dinero ni pudo unilateralmente asignar recursos a una ONG o institución privada. Sólo quien ignora por completo el funcionamiento del Congreso puede afirmar que un diputado asignó a una dependencia o institución de ayuda a las mujeres una cantidad determinada.

En el caso que aluden, que sucedió hace más de 12 años, dicen que como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que la formaban 30 diputados de diferentes partidos, destiné 30 millones a una institución que se dedica a ayudar a mujeres humildes, forzadas a abortar por sus esposos, novios o familiares, y que no quieren abortar.

Es imposible, conforme a la normatividad del Congreso, que un diputado, aun siendo presidente de la Comisión de Presupuesto, asigne recursos a una determinada institución, pues por lo menos en esos tiempos las asignaciones de recursos en el Congreso no desagregaban quienes concretamente recibirían esos recursos.

El primer filtro a una aprobación general de un determinado monto al rubro de ayuda a la mujer lo deciden la mayoría de los 30 diputados de la comisión, donde hay diputados de todos los partidos. Hay un segundo filtro, el pleno, donde la asignación es ratificada o modificada por los 500 diputados. Y quien dispersa esos recursos a los fines asignados, en ese caso ”ayuda a la mujer” es el Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud.

Si hay un mal uso de los recursos o una asignación equivocada es responsabilidad de quien recibió los recursos, no del presidente de la Comisión de Presupuesto, ni de los 30 diputados que aprobaron esa asignación, ni de los 500 o la mayoría, que confirmaron o modificaron el destino general de esos recursos.

No hay ni puede haber, conforme a derecho, una prueba seria que me implique en el asunto donde por ignorancia o mala fe me involucran, por lo que le pido publicar esta aclaración a las calumnias que por motivos ideológicos, pleitos entre grupos que pelean los recursos del presupuesto, o por no gustarles lo que sostengo en mis libros, me acusan de un hecho sin ninguna prueba.

Luis Pazos

Respuesta de la periodista

En relación con la carta del ex diputado panista Luis Pazos, quiero señalar que el reportaje en primera plana del domingo 28 de febrero, titulado: Cárcel para Serrano y Luis Pazos, exigen ONG está basado en una investigación sobre las facturas del supuesto peculado cometido por el presidente del Comité Nacional de Provida, y las acusaciones contra el ex diputado panista fueron hechas por la directora de la organización civil Consorcio, Daptnhe Cuevas, que desde hace 14 años investiga este asunto, y por la diputada Malú Micher, afirmaciones que están debidamente entrecomilladas en el reportaje.

Sanjuana Martínez

Alto a la represión en la Unich

El 20 de febrero pasado iniciamos el Diálogo Nacional por la Educación para debatir sobre la verdadera transformación de la educación. La convocatoria fue signada por más de cien organizaciones sociales y sindicales, así como por más de 60 investigadores, académicos e intelectuales, entre quienes están los doctores Agustín Ávila Romero y León Enrique Ávila Romero de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), institución que debería ser baluarte en la construcción de relaciones de respeto y de aprecio a la diversidad cultural.

Nos hemos enterado con profunda consternación de que actualmente se les hostiga, se les acosa laboralmente y se ha desatado una campaña de desprestigio en los medios de comunicación de Chiapas. Ante ello, como conocedores de su trayectoria académica comprometida con la defensa de los derechos, la vida, la ecología y el territorio de los pueblos indígenas, demandamos al gobierno del estado de Chiapas cesar dichas acciones, que asuma realmente su compromiso con las comunidades indígenas y ponga al frente de la universidad a personal capaz de construir relaciones interculturales y no se intimide, discrimine o acose una forma de vida entre universitarios.

Tatiana Coll, Antonia Candela, César Navarro, Hugo Casanova, Gilberto López y Rivas, Martha de Jesús López, Pedro Hernández, Enrique Ávila, Juan Manuel Rendón, Carlos Rodríguez Wallenius, Odín Ávila, Érika Candelaria Hernández, Gabriel Gómez, Elizabeth Reyes, Juan Manuel Garcés, José Carlos Flores, Claudia Rodríguez, Cecilia Sánchez, Elisa Rodríguez, Érika Ponce, Elías Vargas, Carmen Hernández, Evencio Cruz, Cynthia Alvarado, Araceli Mondragón, Miguel Hinojosa

Inconstitucional, el delito de ultrajes a la autoridad

Este 29 de febrero, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –a la que todavía le otorgo el beneficio de la duda– resolverá la revisión de mi amparo, para que declare la inconstitucionalidad del artículo 287 del Código Penal de la Cdmx, relativo al delito de ultrajes a la autoridad.

Espero que así lo haga, en el ejercicio del incólume principio de la división de poderes, en el que se supone vivimos en este país. Nunca cometí ninguno de los delitos por los cuales fui juzgada y sentenciada, y mucho menos al tenor de ese artículo.

Lo único que hice fue defender los derechos que tenemos como mexicanos a disentir frente a las reformas que hoy pretenden entregar al país y luego a protestar porque otros compañeros de esa lucha fueron detenidos y sometidos a las vejaciones que el sistema de procuración de justicia da en este país.

Hoy que mi caso llega a laSCJN, exijo que se declare la inconstitucionalidad del delito, que hoy me mantiene sin poder llevar una vida normal. Tengo ese derecho. Va esta exigencia por mi y por los compañeros que siguen presos por este delito.

Gabriela Hernández Arreola (Luna Flores)

Pide democratizar programas sociales en Iztapalapa

Jefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano Flores: Hago de su conocimiento que el oficio 00261, el cual se refiere a los Cendis, fue atendido con oportunidad, pero ahora se pide emitir la convocatoria a los programas sociales delegacionales, pues el presupuesto para este menester fue aprobado y tendría efectos con fecha 1º de enero de 2016.

A la fecha no hay eco; de igual forma se pide que dichos programas sociales destinados a madres solteras y otros más se otorguen de forma democrática y no a las diferentes tribus partidistas de las distintas denominaciones políticas que existen en la demarcación.

Lo anterior, porque en la administración pasada, por no estar afiliada a algún partido, se nos negó. Asimismo, no debe haber estigmas por vivir en la colonia El Sifón, catalogada como de clase media, pues también ahí hay personas con necesidades económicas emergentes.

Gabriela Guadalupe Hernández Mateos

Invitaciones

Acuerdos de San Andrés: 20 años

Se invita hoy lunes 29 de febrero, a las 19 horas, al foro A veinte años de los acuerdos de San Andrés. Participan Magdalena Gómez, Luis Hernández Navarro y Gilberto López y Rivas. Casa Lamm, Álvaro Obregón 99 esquina a Orizaba, col. Roma.

Mitin en la SCJN

Quienes participamos en el plantón instalado frente a la PGR para exigir al Estado Mexicano presentar a los 43 normalistas desaparecidos, y por la libertad de los presos políticos del país, nos sumaremos este lunes 29 de febrero al mitin convocado en las inmediaciones de la SCJN a las 10:30 horas para demandar que se resuelva la inconstitucionalidad del tipo penal de ultrajes a la autoridad contemplado en el artículo 287 Código Penal de la Cdmx, como ya lo hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en sus exhortos 10/2015, 9/2015 y 11/2015 por los actos represivoas del gobierno de la capital contra las manifestaciones.

Asamblea Popular del Monumento a la Revolución, La otra cultura, Comida no bombas, CPP Lucio Cabañas IDP, Resistencia México, La sexta, Chanti Ollin