La crisis económica generará más contratos de protección y firma de documentos en blanco, que son renuncias anticipadas de los trabajadores, aparejado al cierre de empresas, alertó la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Darlene Rojas Olvera.

Hoy, admitió, muchas empresas que invierten en la ciudad, antes de iniciar actividades tienen firmados contratos colectivos de trabajo con algún sindicato, que ni siquiera representa a los trabajadores, como forma de evitar huelgas y extorsiones.

Los contratos de protección son una realidad que debemos revertir mediante una participación real de los trabajadores al momento de decidir su afiliación a un sindicato y después la aceptación de éste por la empresa, con la finalidad de dejar de favorecer a ciertos grupos, que lo imponen a cambio de dinero, señaló.

La funcionaria afirmó en entrevista que es una situacion que se debe atacar desde la parte de los representantes del sector empresarial, del sindical y de la parte académica, para cerrar el paso a la entrega de una cantidad monetaria constante para llevar la fiesta en paz, lo cual va en contra de la justicia laboral.

Comentó que la depuración de archivos ha permitido atacar esta situación con la eliminación de 350 expedientes que no acreditaron la relación sindicato-empresa, y se planteará a las autoridades federales fijar requisitos muy específicos en la Ley Federal del Trabajo para impedir que sigan estas prácticas

La difícil situación económica que enfrentamos puede ser utilizada además para la firma de papeles en blanco, donde el trabajador está renunciando de manera anticipada y carece de una relación laboral que evite el pago de prestaciones sociales, así como el cierre de empresas.

Hasta el momento, dijo, no podemos decir cuántas empresas han cerrado, pero no hemos detectado un incremento en las demandas ante la junta, que reciben un promedio mensual de 3 mil, pero la carga de trabajo provoca que los plazos de resolución se alarguen y lleguen a los 36 meses.

La gran mayoría que comienza un procedimiento lo concluye, pues los desistimientos se presentan cuando se llega a un convenio con la parte demandada; pero es necesario contar con mayores herramientas tecnológicas que permitan agilizar la resolución de los casos, indicó.

Las propuestas planteadas en el foro Justicia laboral desde la justicia laboral, realizado la semana pasada, serán entregadas en una memoria al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.

Se trata, argumentó, de que sean incorporadas a la iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo y cerrar el paso a los contratos de protección y documentos en blanco; así como hacer más expedita la justicia laboral para los trabajadores; que las juntas sean órganos autónomos e independientes, y dar mayor certeza de la imparcialidad de las resoluciones que emiten.