Dos universidades públicas que en 2013 simularon operaciones financieras por más de 440 millones de pesos que recibieron de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) incurrieron en irregularidades millonarias también en 2014, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata de la Universidad Autónoma del Estado de México, contra la cual la ASF interpuso ocho denuncias penales ante la PGR en agosto pasado, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y también están involucradas la Sedesol y otras dependencias, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea) y la Secretaría de Economía (SE).

La Universidad de Morelos realizó operaciones de triangulación en 2013. En 2014 recibió 487 millones 983 mil pesos de dependencias federales y subcontrató empresas por 90 por ciento de esos recursos. La ASF resalta en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2014 que tres convenios que analizó fueron firmados por la institución con la Sedesol por 425 millones de pesos y que la casa de estudios contrató los servicios con cuatro supuestos proveedores por un total de 399 millones. De éstos, 350 millones se transfirieron a la empresa Esger, Servicios y Construcciones, que no brinda los servicios solicitados y es la misma a la que trianguló 416 millones de pesos en 2014.

En tanto, la universidad mexiquense firmó 36 contratos y convenios con dependencias de la Administración Pública Federal por mil 41 millones 235 mil pesos. La ASF auditó 29 de esos contratos, que suman mil 36 millones 682. La universidad contrató diversas empresas por un monto de 551 millones 333 mil pesos, lo que corresponde a 75 por ciento del valor de los convenios y contratos, con lo cual excedió el porcentaje establecido en la normativa, que es de 49 por ciento. Además, reporta el organismo fiscalizador, se detectaron pagos y cobros injustificados por 354 millones 820 mil pesos.

De este monto, 240 millones de pesos fueron transferidos a empresas y personas físicas que no presentaron evidencias de la realización de los trabajos solicitados.

En otra auditoría realizada a 18 contratos firmados por la Autónoma del Estado de México con dependencias federales por 2 mil 33 millones 578 mil pesos, la ASF encontró, por ejemplo, que el Registro Agrario Nacional, Sedesol, SE, Financiera Rural, Instituto Mexicano del Petróleo, Issste y Diconsa asignaron directamente contratos a la universidad mediante su Fondo de fomento y desarrollo de la investigación científica y tecnológica (Fondict) sin que la institución educativa tuviera capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se comprometió. La universidad, por tanto, subcontrató empresas que tampoco tenían el perfil para cumplir. En este caso la ASF considera que se podrían recuperar 199 millones 573 mil de pesos.

El modus operandi detectado por la ASF consiste en que dependencias federales, amparadas en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, canalizan recursos a las universidades al contratar servicios, y éstas subcontratan proveedores sin perfil o empresas fantasmas.