l sistema penitenciario no se mejorará con exhortos del Congreso local, sino con el cumplimiento de las leyes que la rigen.

Si bien es cierto que, como dice el doctor Miguel Carbonell, el actual sistema penal se encuentra quebrado, no menos cierto es que su inoperancia deviene en gran parte del incumplimiento de las normas legales.

El sistema penal acusatorio, que deberá estar en vigor en todo el país el 18 de junio, busca, entre otros propósitos, agilizar los procesos penales para despresurizar los reclusorios, pues a diferencia del proceso penal inquisitivo en vigor, no tiende necesariamente a aplicar una sanción al inculpado, es decir su encarcelamiento, sino también resolver los casos resarciendo el daño, alcanzar acuerdos mediante la conciliación y que el detenido enfrente su proceso en libertad.

En caso de privarse de la libertad al acusado, éste dispondrá de capacitación, trabajo, deporte y salud, entre otros beneficios; sin embargo, la ley podría contener mayores alcances que ayuden al interno a su reincorporación en la sociedad, pero de nada servirán si la autoridad no la pone en práctica y supervisa su cumplimiento.

Suele verse como el mayor problema de los penales la sobrepoblación; no obstante, una y otra vez ha quedado en claro que imperan otros tal vez más graves como el narcotráfico, la corrupción y el dominio de las prisioneros por grupos a los que se subordinan las autoridades penitenciarias.

En sesión del 30 de julio de 2014 el Congreso local emitió la declaratoria de incorporación del sistema procesal penal acusatorio al marco jurídico del estado de Guerrero y declaró el inicio gradual de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en esta entidad.

El sistema penal acusatorio, cuya ejecución estará a cargo de un Poder Judicial cuestionado y supeditado al Poder Ejecutivo, y una fiscalía general autónoma, independiente del Poder Ejecutivo, podría rendir excelentes frutos, pero no servirá de mucho si el sistema penitenciario no opera en la misma frecuencia.