El gobierno federal formó un frente común con entidades privadas del sector financiero para atacar decididamente el fenómeno de robo o suplantación de identidad a través del sistema financiero y por medios electrónicos, y evitar así el creciente daño al patrimonio y la moral de las personas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría para la Protección del Contribuyente (Prodecon), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Asociación de Bancos de México (ABM), así como los institutos Nacional Electoral (INE) y Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAE) y la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), con la Secretaría de Hacienda como testigo de honor, formalizaron un convenio de colaboración para combatir coordinadamente el robo de identidad en todo el país.

El robo de identidad, dijo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es un fenómeno frente al cual las instituciones del Estado debemos estar a la altura del problema, y hacer equipo con las entidades del sector privado, en este caso la Asociación de Bancos de México y con otros organismos en el país, para proteger los datos de las personas y minimizar vulnerabilidades.

Cada institución participante en el convenio de colaboración, dentro de su ámbito de acción, se comprometió a llevar a cabo actividades de prevención, detección, persecución y castigo contra el robo de datos personales, que ya es un fenómeno creciente dentro de la sociedad mexicana y que se comete por verdaderas redes de delincuencia, sostuvo.

Es necesario, dijo Videgaray Caso, tomar acciones decididas y coordinadas para atender un problema real, creciente y grave. El robo de identidad es un delito, una violación a los derechos fundamentales de la persona; significa una afectación patrimonial al individuo y a su familia, y un daño moral muchas veces de gran profundidad y difícil de reparar. Es un fenómeno que hay que enfrentar porque está creciendo, y crece en parte porque los avances en las tecnologías de la información, la conectividad y la era digital si bien generan oportunidades extraordinarias para el crecimiento económico, para el bienestar y la interacción social de la población, también generan vulnerabilidades en nuestra nueva realidad social.

El presidente de la Condusef, Mario Di Costanzo Armenta, dio a conocer que la institución a su cargo recibió el año pasado 59 mil 250 casos de usuarios de los servicios financieros que presentaron quejas que involucraban presunto robo de identidad. Esos casos, precisó, provocaron daños económicos a los usuarios de los servicios financieros que rebasan los 250 millones de pesos.

En tanto, la titular de la Prodecon, Diana Bernal Ladrón de Guevara, reconoció que se han encontrado casos especialmente sensibles de robo de identidad de ciudadanos, que incluso todavía no cumplen la edad o condiciones para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, y a nombre de ellas ilegalmente se abren cuentas de cheques y se realizan depósitos, sobre los cuales el SAT luego reclama el pago de impuestos pero la persona no conocía su existencia.

Por su parte, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, dijo que uno de los mayores retos de las instituciones es la protección de la información y datos personales, y por ello es necesario conformar un bloque para cerrar el paso al mal uso de los datos personales para fines ilícitos.

El presidente de la ABM, Luis Robles Miaja, reconoció que si bien casi la totalidad de las operaciones financieras en el país se realizan bajo parámetros de seguridad relativamente robustos, y son pocos los casos detectados ante el número de operaciones que realizan a diario 50 millones de clientes de la banca, son necesarias medidas de corto, mediano y largo plazos para disminuir la conducta delictiva y realizar un ataque frontal.