A 20 años de los acuerdos de San Andrés, agrupaciones como el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca apuntaron que la situación para los pueblos originarios ha empeorado, ya que enfrentan un saqueo sistemático de sus recursos naturales, patrimonio cultural y saberes.

Dos ex asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el abogado mixteco Francisco López Bárcenas y el economista Julio Moguel, presentaron visiones distintas.

Para López Bárcenas, los citados acuerdos sí han tenido impacto en materia jurídica, pues además de reformarse la Constitución, el gobierno firmó tratados internacionales que son una herramienta de defensa para los indígenas. Moguel, especialista en temas rurales, dijo que los avances legislativos son relativos, pues a los indios se les sigue negando ser sujetos de derecho.

El Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca apuntó que a dos décadas de la firma de los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas, los habitantes de los pueblos originarios siguen en una lucha pacífica y en un contexto de institucionalidad en defensa de su patrimonio social y cultural.

Además defienden las radios indígenas y comunitarias, que han logrado mantener pese al acoso de que son objeto.

A los legisladores de Oaxaca, la agrupación les reclamó que cumplan con su palabra y compromiso de aprobar una reforma constitucional en materia indígena, para una relación de justicia con los pueblos y comunidades. Advirtieron que acudirán a instancias de justicia en la capital del país e internacionales para terminar con la grave omisión legislativa.

Julio Moguel comentó que la situación social y económica para los indígenas está peor que hace 20 años. En la ciudad de México sólo se admite la existencia de 40 pueblos; además, como tales no pueden acceder a los programas sociales del gobierno capitalino por no estar plenamente reconocidos. El mínimo que se requiere para legislar está plasmado en los acuerdos de San Andrés, indicó.

Consideró que los integrantes de la Asamblea Constituyente deberán abordar el tema y reconocer que hay 150 pueblos y barrios originarios y 50 comunidades residentes de indígenas; reconocerlos como sujetos de derecho, su sistema normativo y darles el acceso a la consulta previa libre e informada en torno a los proyectos de infraestructura, entre otros.

No pueden ser considerados como ciudadanos cualesquiera y por el número de integrantes que conforman sus pueblos definir si entran o no a una representación local. Deben tener una presencia particular, definida con precisión, afirmó.

La Constitución para la Ciudad de México, apuntó, debe convertirse en el parteaguas para terminar con la exclusión política, social y económica en la que han estado los pueblos indígenas en el país; ser la base para iniciar las reformas en las legislaturas locales y en la Carta Magna.

López Bárcenas comentó que muchos pueblos han recurrido a los acuerdos de San Andrés para construir los argumentos en defensa de sus recursos naturales y en contra de los megaproyectos. No están olvidados; a 20 años, son una herramienta útil e históricamente tienen un simbolismo muy fuerte; quienes los enarbolan son tomados en cuenta de acuerdo con la fuerza que tienen para sacar adelante sus casos.

Evaluó que en el movimiento indígena hay un retroceso si se compara con el generado por los acuerdos de San Andrés. “Hace 20 años se movían pueblos enteros, líderes de organizaciones, asesores indígenas y no; fue asombroso.

Hoy no tenemos ese movimiento, pero sí tenemos una sociedad más politizada; hay una toma de conciencia de que tienen derechos y una intelectualidad indígena fuerte. Comunidades y pueblos están reflexionando.