Este martes en el Senado se realizarán las audiencias públicas sobre la ley general en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, donde se analizarán las iniciativas que en la materia presentaron tanto el presidente Enrique Peña Nieto como los diferentes grupos parlamentarios.

La propuesta que el Ejecutivo federal envió al Senado en diciembre de 2015 propone dos tipos penales autónomos, uno para el delito de tortura y otro para definir los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Para las audiencias de este día se contará con la intervención de Rafael Estrada, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales; Julio Hernández, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el consultor externo Carlos Ríos.

También participará el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña; el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, y la tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ruth Villanueva, entre otros.

Durante las audiencias se comentará el trabajo que desarrolla el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a cargo de la CNDH, en cuyo más reciente reporte, de junio de 2015, denunció que en el penal de Topo Chico –ubicado en Nuevo Léon–, durante una visita que realizó, detectó la presencia de internos encadenados con grilletes en pies y manos, actos que calificó de violaciones a los derechos humanos.

Esas acciones violentan el derecho a la integridad personal de los detenidos, señaló y subrayó que al realizar una visita a los penales de Nuevo León, entre ellos los de Apodaca, Topo Chico y el de Cadereyta, descubrió que agencias del Ministerio Público, separos de la Secretaría de Seguridad Pública, unidades de investigación especializadas y el Centro de Internamiento para Adolescentes no cumplen con los estándares internacionales para garantizar una estancia digna.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura detalló que los penales de Apodaca, Topo Chico y Cadereyta presentan sobrepoblación y hacinamiento, y 42 agencias del Ministerio Público carecen de área de aseguramiento.

Además, en Cadereyta las celdas se utilizan como bodegas, por lo que en todas ellas los indiciados son alojados en los separos de la dirección de seguridad pública municipal.

A través de dicho mecanismo, la CNDH encontró que en los tres penales mencionados existen autogobiernos, o sea, “internos con poder que realizan cobros por diversos conceptos, como recibir protección u ocupar una estancia.

Cuando los internos no cubren las cuotas que se les exigen, son golpeados y castigados. Se observó que en los de Apodaca y Topo Chico grupos de internos ejercen control de acceso a diversas áreas comunes y dormitorios; ocupan estancias que alojan a un grupo de internos menor al resto de las celdas, o poseen artículos electrónicos que no tiene el resto de la población penitenciaria.

El mecanismo advirtió al entonces gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, el 18 de junio de 2015, que entre los efectos negativos que puede generar el autogobierno se encuentran aumento de la violencia en esos centros, la extorsión, el tráfico de sustancias prohibidas, además de la presencia de privilegios y tratos especiales para algunos internos.

Se alertó que la presencia de cobros propicia la proliferación de actos de corrupción en los que pueden participar internos y servidores públicos para obtener beneficios económicos a costa de las necesidades de los demás reclusos.