La fiscalía pide 16 años para Ledezma por las protestas de 2014
Martes 16 de febrero de 2016, p. 21
Caracas.
La justicia venezolana aceptó este lunes empezar un juicio contra el alcalde opositor de Caracas Antonio Ledezma, que este mes cumple un año detenido acusado de conspirar contra el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro.
Por petición de la Fiscalía, durante el juicio Ledezma permanecerá en arresto domiciliario, que cumple desde que en abril de 2015 pudo dejar la prisión para recibir atención médica. La institución solicitó 16 años de cárcel para el abogado, de 60 años, cuyos cargos son en relación con las violentas protestas antigubernamentales de 2014, informó la defensa.
Ledezma cumplirá esta semana un año preso, fue detenido en su oficina el 19 de febrero de 2015. A la fecha se recupera de una operación de hernia, por lo que está detenido en su domicilio desde finales del año pasado. Su puesto actualmente es ocupado por la alcaldesa encargada, Helen Fernández.
Ledezma se encuentra preparado moral y espiritualmente para asumir lo que haya que hacer por la libertad de Venezuela
, señaló su esposa Mitzy Capriles.
La Asociación de Alcaldes de Venezuela, que reúne a los de la oposición, pidió la libertad de Ledezma, y sostuvo que el Poder Judicial se ha convertido en un apéndice del gobierno.
La diligencia se realizó un día antes de que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con mayoría en el Parlamento, apruebe en primer debate, según lo prevé, una ley de amnistía para unos 75 opositores presos, entre ellos Ledezma y el opositor radical Leopoldo López.
El alcalde había sido recluido inicialmente en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, donde López cumple una condena de 13 años y nueve meses de cárcel, acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que pedían la salida del mandatario Nicolás Maduro del poder y que dejaron al menos 43 muertos y cientos de heridos.
Pero el presidente Maduro ha insistido en que vetará la amnistía porque no permitirá que haya impunidad, por lo que una liberación de presos no es segura.
El plan opositor en favor de una amnistía se da, además, en medio de una polémica entre ese sector y los familiares de las víctimas de esa violencia que piden justicia.
El oficialismo rechaza el proyecto al asegurar que beneficiará a terroristas
y asesinos
–como califica a López– responsables de las guarimbas (barricadas que obstruyeron calles y avenidas en las protestas entre febrero y mayo de 2014).
La teniente de la Guardia Nacional Boliviariana Yendry Velázquez se convirtió en una de las fundadoras del Comité de Víctimas de las Guarimbas, luego de que su esposo, el capitán Ramzor Bracho, murió de un disparo mientras contenía una manifestación en el estado Carabobo en marzo de aquel año.
En este contexto, fueron detenidas 49 personas, en su mayoría directivos de centros de distribución de alimentos en grave escasez, por su presunto acaparamiento y desvío, informó el ministro de Interior, Gustavo González.
Los arrestos ocurrieron en varias regiones del país donde funciona la red de abastos Bicentenario, cuya ex administradora, Bárbara González, también fue arrestada a finales de enero por presunto desvío de productos altamente subsidiados.
En otro orden, el presidente Nicolás Maduro anunció por la noche la designación del empresario Miguel Pérez Abad como nuevo vicepresidente económico, en remplazo de Luis Salas, joven sociólogo de izquierda que había asumido el cargo en enero. El gobernante adelantó que tiene previstos más anuncios sobre su gobierno para este martes.