A Jesús Romero Colín le hubiera gustado contarle de viva voz al Papa Francisco la forma en que se ha estancado su demanda penal contra el sacerdote Carlos López Valdez por abuso sexual; compartirle su pesar por la inacción de la arquidiócesis y del gobierno capitalino para detener al agresor de decenas de niños y expresarle su preocupación por el riesgo que representa el hecho de que un sacerdote depredador como López Valdez siga libre, sin sanción alguna.

A Joaquín Aguilar Méndez, víctima de otro religioso pederasta, Nicolás Aguilar, con un grueso historial de violaciones a niños que van desde los años 70 hasta 2007, desde la Sierra Negra poblana hasta Los Ángeles y de regreso al estado de México y Morelos, también le interesa ser escuchado por el jefe de Estado del Vaticano. Y no sólo para exponerle nuestros casos, que ya conoce, sino para hablarle de nuestro proyecto de prevención. Y para preguntarle cómo va el tribunal eclesial que él creó en el Vaticano para investigar a los obispos encubridores. Aquí en México hay varios que tendrían que comparecer.

Romero y Aguilar, hoy de 33 y 35 años, respectivamente, profesionistas ambos, activistas en la causa por la justicia de las víctimas de la pederastia clerical, son dos de los firmantes de la carta que entregaron el 13 de enero solicitando una reunión con el Papa visitante, junto con otros seis padres y madres de niños, casos más recientes de abuso sexual de curas en Oaxaca y San Luis Potosí.

La petición de este colectivo fue dirigida al nuncio papal Christophe Pierre y al presidente de la conferencia episcopal, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega. Aún no obtienen respuesta.

En 2013, Romero se animó a escribir una carta al papa Francisco, recién ungido, contándole su historia. Para su sorpresa, el pontífice le respondió en unas sentidas líneas: Perdón en nombre de la Iglesia, así con sencillez se lo pido. No me sale otra palabra, decía el mensaje manuscrito. Añadía: Quiero estar cercano. En Usted, y en los que han sufrido lo mismo, veo la cara de Cristo ultrajada.

Ahora comenta: En su momento fue emocionante. Pero en el fondo nada cambió. López, al igual que muchos otros abusadores, no están tras las rejas. Para las víctimas de estos pederastas sigue sin haber condiciones para acceder a la justicia, porque en México hay que enfrentar al Estado y a la Iglesia, que hacen causa común. Los gestos de la Iglesia parecen más una estrategia de mercadotecnia que otra cosa.

No es la primera vez que Joaquín y Jesús piden ver a un Papa. En marzo de 2016, cuando Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, viajó a México, algunas víctimas de Marcial Maciel, Romero y Aguilar también solicitaron una audiencia ante la nunciatura. En esa ocasión nos la negaron, alegando que ni siquiera sabían quiénes somos, lo cual es falso, porque nos hemos entrevistado con ellos. Ahora ni eso. Sólo silencio.

Para Romero, recibir y escuchar al grupo solicitante sería más que un gesto de buena voluntad: Yo digo que estaría obligado. Dentro de los casos más graves reconocidos por la Iglesia está el de Marcial Maciel. Es un caso emblemático y muchas de sus víctimas fueron niños mexicanos.

Romero demandó penalmente a su agresor en 2007. A los 11 años, siendo acólito en la iglesia San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, empezó a ser sujeto de abuso por López. La agresión y sometimiento –que incluyó difusión de material pornográfico del chico– persistieron durante nueve años.

Incluso antes de la demanda penal, el Tribunal Interdiocesano de México realizó una investigación interna. Ese expediente, que la arquidiócesis mantiene en reserva y se niega a compartir con la defensa de la víctima y con las autoridades judiciales, contiene evidencias de la pornografía infantil, delito grave, y una confesión firmada del agresor. Son decenas de niños que fueron víctimas.

Ese expediente ayudaría mucho a fortalecer la averiguación previa. Es una pieza fundamental. Sabemos que existe porque el ex obispo auxiliar de la arquidiócesis Jonás Guerrero, ahora obispo de Culiacán, así lo reconoció. Ahora lo niegan.

Romero Colín hoy tiene 33 años. Es sicólogo y no está dispuesto a quitar el dedo del renglón. “Lo que me queda claro es que el interés primordial de la Iglesia es no manchar la imagen de su institución. Porque interés en las víctimas no hay ninguno. A mí nunca nadie de la Iglesia se acercó para darme una mano, para preguntarme si requería atención sicológica –que obviamente sí necesitaba– ni siquiera después de una reunión que sostuvimos con el cardenal Norberto Rivera. Él nos aseguró que estaba dispuesto a apoyar en lo que fuera necesario. No fue cierto”.

Joaquín Aguilar Méndez, por su parte –abogado de profesión, padre de un pequeño y presidente en México de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales del Clero– quiere presentar al Papa un proyecto. Junto con congregaciones religiosas de San Luis Potosí, Distrito Federal y Jalisco, la red elaboró un protocolo de prevención para que en las parroquias, seminarios y comunidades religiosas los niños y niñas estén protegidos contra abuso. Hemos contado con muchos aliados, obispos incluso. Los superiores de esas congregaciones, que nos han pedido que reservemos su identidad, han colaborado mucho.

De Nicolás Aguilar, el cura que lo violó, Joaquín no ha sabido nada. Me han dicho que murió. No tengo ni idea. En México hace años su causa penal prescribió. En Los Ángeles, adonde Aguilar fue enviado por el cardenal Rivera para eludir la justicia, bajo la protección del obispo Roger Mahoney, sigue abierta una causa penal, precisamente contra Mahoney y Rivera, por encubrimiento. Los demandantes son 27 víctimas del pederasta, atacados en apenas 9 meses de estadía en Estados Unidos.