Altos Hornos de México (AHMSA), del Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira; al igual que Peñoles, de Alberto Bailleres, transformaron los estatutos colectivos de los trabajadores de sus empresas en contratos de protección y pactaron con sindicatos blancos.

El primero creó su Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos el 10 de febrero de 2015, demandando al gremio nacional de mineros, que dirige Napoleón Gómez Urrutia, la titularidad de los primeros cuatro contratos de la mina Hércules de Hierro, de AHMSA plantas uno y dos, y de Nava, Minera del Norte. Después seguirían seis más.

Todo para abaratar la mano de obra a través de sindicatos blancos, y también para retroceder o eliminar los derechos adquiridos por los trabajadores, señala un análisis titulado Cómo convierten los contratos colectivos en otros de protección patronal, elaborado por el experto en derecho laboral Óscar Alzaga, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

El documento señala que Grupo Peñoles “prefirió formar su propio sindicato: el 28 de octubre de 2010, el cual obtuvo el registro del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico con Carlos Pavón a la cabeza, gremio “al servicio de Alberto Bailleres, y el 3 de diciembre de 2010 por medio de recuentos de votos bien preparados y comprados, y apoyados por la Secretaría del Trabajo –en un tiempo récord de mes y medio–, obtuvo su registro y toma de nota”.

Según advierte el análisis, cada vez se fortalece más la tendencia de que los oligarcas de las grandes empresas del país formen sindicatos a modo, para tener contratos colectivos de protección garantizados, con lo cual reducen el valor de la mano de obra.

También sostuvo que mientras gremios democráticos, como el de Honda, tardan hasta cinco años en obtener su registro, un gremio de protección, como el que tiene Grupo Peñoles, utilizó este membrete y recurrió a otras prácticas legaloides para así quitar 10 contratos al Sindicato Nacional de Mineros y convertirlos en contratos de protección.

El caso de la mina La Herradura, de Peñoles, ilustra la transformación hacia un contrato de protección, pues cuando tuvo un contrato real tenía un fondo de resistencia de 9 millones, ahora nada; antes había utilidades, ahora no. También desaparecieron bonos de productividad, niveles o categorías, asambleas, y crece la planta de personal de terceristas, detalló Óscar Alzaga.

En el análisis expone también que Grupo México, de Germán Larrea, primero intentó destruir al sindicato nacional de mineros y a su dirección, con el apoyo de los gobiernos panistas, y al no lograrlo le arrebató a este gremio sus nueve contratos colectivos, con el apoyo del Sindicato Patronal de Monterrey, el Sindicato Nacional de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana. Desde luego, con el invaluable apoyo de la Secretaría del Trabajo.

También expone que una comparación entre el contrato que tenía en 2005 el Sindicato Minero en Cananea documenta que los salarios integrados eran de 511 a 229 pesos; al pasar a un gremio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que dirige Javier Villarreal, los sueldos bajaron en 2011 a 197 pesos los más altos y 118 los más bajos.