Durante los últimos años, las agresiones a defensores ambientales han aumentado en el país, aseguró Andrea Cerami, coordinador del área de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Refirió que mientras en 2010 registraron 10 casos, entre mayo de 2014 y junio de este año identificaron 109.

En conferencia de prensa, en la que presentaron el Informe sobre la Situación de los defensores ambientales en México 2015, Cerami comentó que aunque el análisis no llega a definir una vinculación de manera directa con la reforma energética, porque los proyectos relacionados con las modificaciones en la materia no han empezado todavía, es probable que en el futuro sí sea un factor de violencia contra los defensores del ambiente.

Explicó que hay herramientas legales que exacerban los conflictos y los intereses en juego, debido a que los recursos naturales son limitados, y si no hay un mecanismo legal para canalizar el problema, puede derivar en conflicto socioambiental, y casi siempre cuando hay esto se producen agresiones a defensores.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red de Organismo Civiles para la Protección de los Derechos Humanos, lamentó el aumento considerable de agresiones a defensores del medioambiente. Es una situación dramática, y para nosotros expresa la puesta en práctica de la reforma energética con sus leyes, así como las empresas subsidiarias de éstas, explicó.

Muchas de las agresiones pueden ser cometidas por personas de las mismas empresas trasnacionales o nacionales, o por personas íntimamente ligadas a éstas. En la mayoría de los ataques no se encuentra a los perpetradores y no hay acceso a la justicia, lo que reproduce el círculo de la impunidad, dijo.

Consideró que esto se incrementará cuando se realicen nuevos proyecto para las rondas Cero, Uno y Dos; veremos cómo estos proyectos causarán sufrimiento a las personas defensoras del ambiente.

Cerami dijo que desde 2010 el Cemda identificó 240 casos de ataques contra activistas.

Los estados con más violencia hacia este sector son Sonora, Oaxaca, estado de México, Guerrero y Colima; el mayor número de casos fue por megaproyectos relacionados con el agua (acueductos y privatización), hidroeléctricas, hidrocarburos, proyectos eólicos e infraestructura carretera.