Miércoles 9 de diciembre de 2015, p. 14
Dirigentes y representantes de las cámaras industriales y de comercio demandaron en el Senado modificaciones a la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que consideran que otorga facultades excesivas a la autoridad y sanciones exageradas, que llegan a la clausura de tiendas y otros establecimientos como medidas precautorias.
Durante un foro de análisis de la reforma, convocado por los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que encabeza el panista Héctor Larios, una veintena de organizaciones industriales demandaron que la ley les otorgue certeza jurídica frente a la autoridad.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana Sentíes, advirtió que hay una a serie de artículos que preocupan a su gremio, como el 64 y el 23, que, sostuvo, otorgan facultades excesivas a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), como determinar a su criterio la aplicación del procedimiento de ejecución para cobrar multas.
Mecanismo perverso
Se manifestó en contra de que la Profeco ejecute multas y las integre a su patrimonio, ya que, dijo, puede crear un mecanismo perverso
. Demandó que la dependencia no verifique las mercancías en las aduanas ni ordene el retiro de mercancías que considere que ponen en riesgo la salud y la seguridad, sin que antes la autoridad en la materia determine tales riesgos.
Igualmente, los presidentes de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Humberto Lozano, y de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, Vicente Yáñez Solloa, insistieron en que no debe haber control inapropiado de los mercados ni limitar la libertad económica.
Los representantes de la Confederación de Cámaras Industriales, Raúl Requilme Cacho y de la Confederación Patronal de la República Mexicana, advirtieron que requieren una legislación abierta, no una que reprima los esfuerzos de crecimiento y desarrollo y ponga al consumidor en posición de dominancia o ventaja sobre el proveedor.
Igualmente, el presidente de la Organización Nacional de Gasolineras, José Ángel García Elizondo, y Erika Quevedo Chan, de la American Chamber of Commerce of México, pidieron revisar esa reforma.
Larios y la priísta Ana Lilia Herrera rechazaron que se pretenda frenar la inversión productiva. Lo que se busca, señalaron, es acabar con la impunidad.