Legisladores y organizaciones sociales denunciaron que la Ley General de Víctimas es inoperante por burocracia y ataduras, ya que sólo ha canalizado 3 por ciento del fondo para ayudar a afectados por secuestro, trata de personas, desaparición forzada o acoso sexual, por lo que debe ser reformada.

Durante la audiencia pública Evaluación en la aplicación de la Ley General de Víctimas, efectuada en el Senado, se denunció que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) disponía de mil 28 millones de pesos para apoyo inmediato, compensación y reparación del daño durante 2015, pero hasta octubre pasado sólo había destinado 33 millones de pesos, y el resto, casi mil millones, los colocó en inversiones bancarias que le redituaron 24.5 millones de pesos.

Atendió 89 de 5 mil 841 denuncias

Además, de 5 mil 841 denuncias que recibió la CEAV, sólo ha atendido a 89 víctimas, se destacó en la reunión en la que hablaron alrededor de 20 de víctimas, quienes se quejaron del desdén y falta de apoyo de ese instancia.

Ante la presidenta de la Comisión de Gobernación y otros senadores de PRI y PRD, expusieron los problemas que viven al acudir a la CEAV: nos brindan apoyo de abogados, que nos dicen que no tienen tiempo para asistirnos en audiencias o en trámites; nos piden que les enviemos nuestro caso por WhatsApp, pero después de que les relatamos nuestro caso ya no responden.

Otra víctima acusó: acudí a la CEAV por el secuestro de mi hijo, pero la asesoría legal deja mucho que desear. No hay comunicación entre las dependencias federales. Me siento frustrado e impotente por la desatención que recibimos, sostuvo Felipe Bautista.

En el informe presentado por organizaciones civiles se destaca que la comisión pagó una indemnización de 5 millones de pesos a un secuestrador que fue detenido en flagrancia, pero él sostuvo que fue torturado. Ahora está libre y con 5 millones de pesos del dinero público.

Asimismo, se aseveró que la CEAV pagó 15 millones de pesos por indemnización a las víctimas de la matanza del Ejército en Tlatlaya, y 1.5 millones como pago de ayuda a familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

De los 33 millones de pesos del Fondo de Apoyo a Víctimas de que dispuso este año, destinó sólo 600 mil pesos por rembolso de gastos funerarios y de alimentación; 29.7 millones para el pago por reparación integral a víctimas directas e indirectas, pero no fueron víctimas del delito, sino de violaciones graves a derechos humanos cometidas por funcionaros federales, destacaron.

El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth (PAN), destacó que las audiencias públicas, en las que se escucharán diversas voces de quienes han sido víctimas de diferentes delitos, deben servir para mejorar los instrumentos legales que garanticen el pleno derecho de quienes fueron vulnerados.

La priísta Díaz aseveró que las víctimas sufren viacrucis para obtener atención de las autoridades estatales. Actualmente, la atención a víctimas deja mucho que desear.

Mientras la perredista Angélica de la Peña señaló: con tantas denuncias significa que no sirve la ley y hay que modificarla de manera integral.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, entregó al Senado una propuesta de reformas la Ley General de Víctimas y presentó el informe de los recursos que ha destinado la CEAV a los afectados.