La incidencia de ciberdelitos en México obedece más a la ineficiencia en la procuración de justicia y la inoperancia de las policías por una falta de regulación, pues parte del marco jurídico que quiere aprobarse ya se encuentra contemplado en otros ordenamientos. Por ello, es injustificable promover reformas cuya finalidad pareciera ser la restricción de la libertad de expresión, sostuvo Carlos Brito, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Para Brito es más importante la revisión de la parte operativa para inhibir conductas como la pornografía infantil, el robo de identidad y el acoso en línea, que apostar por un debate en la lógica de crear nuevos tipos penales ni en la pretensión de incrementar las penas por diversas causales, entre ellas, algunas vinculadas a restricciones en materia de libertad de expresión.

En vísperas del foro mundial sobre la Gobernanza en Internet, a efectuarse la próxima semana en Brasil, Juan Manuel Casanueva, de Socialtic (Tecnología digital para el cambio Social), señaló que el debate mundial si bien alude a las pretensiones de regulación jurídica en algunos países, está más centrado en la gobernanza en Internet, hasta temas de impacto social como neutralidad de la red, reducir riesgos relacionados con el acoso en Internet, la proliferación de pornografía infantil o sobre alcances de propiedad intelectual en la red.

Otras preocupaciones

Son aspectos mucho más sociales que legales que preocupan a países de la región, pues en muchos casos las disposiciones legales están mal redactadas o son ambigüas, “que dejan el espacio abierto para la censura, para el control del gobierno o, en algunos casos, de las empresas proveedoras de Internet.

Es algo que se está discutiendo en el ámbito mundial y que se abordará en el foro al que acudirán representantes de gobiernos, organizaciones sociales y académicos, señala Casanueva. El foro tiene la pretensión de debatir sobre quién gobierna en Internet y cómo afectan los cambios que se introducen a los usuarios.

Aunque la pretensión de legislar en la materia con sesgos que limitan la libertad de expresión por el senador Omar Fayad se ha abortado, por ahora, para Brito antes que pensar en nuevos delitos hay replantear la forma como en México opera la procuración de la justicia. En una sociedad donde la violación a los derechos humanos es recurrente y prevalece la impunidad, estas pretensiones son riesgosas.