Los pueblos indígenas deben ser tratados como ciudadanos y respetarse sus derechos, pues la ley no es letra muerta. Autoridades federales y estatales deben atender la exigencia de que proyectos turísticos, mineros, eólicos y de siembra de transgénicos sean sometidos a una verdadera consulta, dijo Vitálico Cándido Coheto, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.

Respecto de la discusión en torno a la siembra de maíz transgénico, expresó que es indispensable proteger los granos criollos. Hay que traducir esto en medidas colectivas y preventivas; que se fijen disposiciones concretas y enérgicas para que las semillas de la gramínea que se lleven al campo sean maíces orgánicos y criollos; que haya filtros, y se sancione a quienes introduzcan a las comunidades los transgénicos.

Consideró necesario que se oriente a las comunidades para que se conviertan en vigilantes de sus semillas criollas. Apuntó también que es necesario revisar los impactos de las políticas públicas, y si se dice que se va a impulsar la agricultura familiar habrá que analizar cómo y de qué manera se impulsará junto con los pueblos indígenas.

En el contexto de la discusión del presupuesto base cero para el sector agropecuario, el legislador por el distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dijo que los indígenas no quieren dádivas sino políticas con un enfoque étnico para su desarrollo. Ahora, ya se movilizan y reclaman, se han hecho respetar. Tienen otras formas de lucha para exigir respeto.

Sostuvo que en un amplio cabildeo con todas las fuerzas parlamentarias de San Lázaro se logró el compromiso de que el presupuesto para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no se redujera, pero habrá una revisión rigurosa de su aplicación.

Hay que diseñar políticas que brinden estímulos para impulsar verdaderos desarrollos y mejorar la situación económica de los pueblos, pero, alertó, esos recursos no deben ser entregados a organizaciones. Hay que tener cuidado, porque algunas quieren empoderarse, pasar por encima de las autoridades comunitarias.