Terror laboral contra el magisterio

l secretario de Educación de Peña Nieto, Aurelio Nuño, inició el terror laboral contra los maestros para imponer el modelo educativo del neoliberalismo: el cese definitivo de 291 maestros de 30 entidades federativas, alegando que no concurrieron a una tramposa evaluación diagnóstica, ahora sí comprobadamente punitiva, a la que se les convocó. En seguida amenazó con el despido a quienes no se presenten a la próxima evaluación de desempeño, que genere una estabilidad temporal y que abarcaría a maestros de seis hasta 20 años de servicio y culminará en noviembre. Lo anterior, con apoyo en una Ley de Servicio Profesional Docente que pretende nulificar conquistas como la definitividad en el empleo a partir de los seis meses de desempeño, establecida por Lázaro Cárdenas en 1938 y constitucionalizada por López Mateos en 1964. Nuño se niega a dialogar con la CNTE, salvo que ésta acepte las contrarreformas al artículo tercero y sus normas reglamentarias. Se apoya en cambio en un SNTE oficialista, similar a los sindicatos únicos que estableció Benito Mussolini en su Estado fascista, así como en la gran empresa y sus voceros que son quienes hoy dirigen la educación en México.

a resolución del tribunal federal que declaró inconstitucional el principal producto de la reforma laboral de 2012 que limita el pago de salarios caídos derivados de un despido injustificado ha generado reacciones diversas. Por un lado, en el sector de los trabajadores renació la esperanza de no quedar en estado de indefensión y de evitar seguir cargando en sus hombros la tardanza de los tribunales en juicios que suelen durar un promedio de cuatro años. Por el contrario, en el sector empresarial, se ha generado la preocupación de que se aniquile su principal conquista, para transitar hacia un régimen de inestabilidad laboral. Más allá de los razonamientos de uno y otro lado, el hecho es que esta ejecutoria colocó en el centro de la discusión un tema esencial consistente en que la duración de los juicios laborales es responsabilidad del Estado.

l cambio de titular en la Secretaría de Educación Pública (SEP) hace apenas mes y medio apareció cobijado por un discurso que buscaba marcar diferencia y abrir paso a una cierta esperanza. Acercarse a los maestros, convencerlos de las bondades de una evaluación centrada en la búsqueda de la calidad y no en el castigo. El secretario visitó escuelas, se entrevistó con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hizo guiños a la oposición magisterial al incluirlos entre los convencibles y, en entrevista con La Jornada, respondió con una sonrisa (aparentemente traducible como de dónde sacan eso, por favor) cuando se le preguntó acerca del poder e influencia del empresariado en la reforma. Sin embargo, la iniciativa pronto se encontró con que la resistencia seguía allí, que preparaba movilizaciones y que ciertamente no había entrado en la lógica de que había un cambio sustancial. Como algunos advertíamos, ese discurso tenía la gran limitación de que no implicaba modificación alguna a la cuestión de la evaluación y que mantenía vigente la opción de que ésta sería punitiva.

no de los principales factores de cambio climático es la agricultura industrial, dato presente en los informes científicos relacionados con el tema. Gracias al trabajo de análisis y extrapolación de datos de Grain, sabemos que no sólo la agricultura, sino todo el sistema alimentario agroindustrial, desde semillas a supermercados, es el factor singular más importante del cambio climático (causante de 44 a 57 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero). En su nuevo documento Las Exxon de la agricultura, Grain da cuenta del rol devastador de la industria de fertilizantes sintéticos y cómo han anidado en las negociaciones sobre clima y alimentación. De cómo esa industria, junto a trasnacionales como Monsanto, Syngenta, Cargill, Walmart, son los principales interesados y participantes en la llamada Alianza Global por una Agricultura Climáticamente Inteligente, que promocionan la FAO, el Banco Mundial y pocos gobiernos, entre ellos México, a pesar de ser una plataforma que empeorará el cambio climático y producirá más devastación ambiental y hambre.