l cambio de titular en la Secretaría de Educación Pública (SEP) hace apenas mes y medio apareció cobijado por un discurso que buscaba marcar diferencia y abrir paso a una cierta esperanza. Acercarse a los maestros, convencerlos de las bondades de una evaluación centrada en la búsqueda de la calidad y no en el castigo. El secretario visitó escuelas, se entrevistó con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hizo guiños a la oposición magisterial al incluirlos entre los convencibles y, en entrevista con La Jornada, respondió con una sonrisa (aparentemente traducible como de dónde sacan eso, por favor) cuando se le preguntó acerca del poder e influencia del empresariado en la reforma. Sin embargo, la iniciativa pronto se encontró con que la resistencia seguía allí, que preparaba movilizaciones y que ciertamente no había entrado en la lógica de que había un cambio sustancial. Como algunos advertíamos, ese discurso tenía la gran limitación de que no implicaba modificación alguna a la cuestión de la evaluación y que mantenía vigente la opción de que ésta sería punitiva.

Por otro lado, ni siquiera en el SNTE el planteamiento de la SEP encontró un eco que le permitiera reavivar la entrampada reforma. Sólo encontró los mismos rituales de subordinación y fidelidad al gobierno que a su dirigencia le han permitido sobrevivir, pero ninguna señal de que ella pudiera concebir y, menos, crear una poderosa corriente nacional de maestros convencidos de la reforma que arrastrara a los supuestamente escasos reticentes. Real o no, la estrategia de aparente conciliación tuvo una vida muy corta, pues en los hechos lo que sí se reactivó fue la alianza más fundamental y perdurable, que es la establecida con el sector empresarial, y con eso el discurso cambió radicalmente. En efecto, en la reunión del 9 de octubre con el Consejo de Hombres de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial, que describe Luis Hernández Navarro ( La Jornada, 13/10/2015), el discurso principal es la negativa al diálogo y la amenaza de despidos y descuentos a quienes participen en las próximas protestas ( La Jornada, 10/10/15). Y días después de las marchas del 12 de octubre se anuncia con énfasis de victoria que serán sancionados con descuentos ni más ni menos que 85 mil 296 maestros, y se advierte que habrá cargos contra el gobierno de Guerrero si no aplica sanciones.

Así, se coloca nuevamente y en lugar principal la simplista estrategia empresarial de que la reforma y la letra con sangre entran, que significa negar el diálogo, descartar acuerdos y rehusarse a la búsqueda de un piso común para construir acuerdos. Misma estrategia que desde finales de 2013 y sobre todo en 2014 claramente apareció como inaplicable en un contexto complejo. Por eso los gobernadores y la misma SEP de Chuayffet (que canceló Enlace y que se opuso en algún momento a la evaluación única nacional para los maestros) comenzaron a actuar de una manera que resultó inaceptable para los empresarios. El colmo fue el episodio de junio, cuando la SEP anunció la cancelación de la evaluación y se suscitó una reacción de profundo enojo del sector empresarial y también del Instituto para la Evaluación de la Educación (INEE). A partir de ese enfrentamiento, la evaluación se reinstaló en junio, Chuayffet quedó fuera en agosto y viene la reunión del 9 de octubre entre la SEP y empresarios, misma que cobra su sentido profundo: después de más de un año de creciente distanciamiento, es una reconciliación del gobierno con el gran empresariado y con su concepción de cómo debe llevarse adelante la reforma.

Entremos, pues, a un periodo de recrudecimiento de la estrategia de mano dura, y esto no es bueno para la educación, los niños, los jóvenes, los maestros ni para el país. Se crispa innecesariamente a un sector en torno al cual giran por lo menos 40 millones de personas, entre niños, jóvenes, maestros, padres de familia y hermanos, pero también acelera en círculos más amplios un mayor hartazgo frente a un gobierno que aparece sin capacidad de conducir satisfactoriamente el país. Peor aún, el endurecimiento casi inevitablemente se extenderá también a la educación media y superior, y probablemente abrirá la puerta a que, en oscura respuesta desde rincones y laberintos del Estado, se incremente el acoso contra instituciones, personas concretas y grupos estudiantiles universitarios y normalistas (ver Carlos Fazio, La Jornada, 12/9/15).

En un país donde ciertamente hay más de 43 razones para resistir y demandar justicia y para movilizarse y protestar, es indispensable comenzar a negociar, dialogar y construir acuerdos. Y esto ya no es sólo la exigencia de los maestros en contra de la llamada reforma en la educación, sino crecientemente es también una demanda silenciosa de un sector cada vez más amplio de la población. Porque sobrevivir como país, como nación civilizada, como sistema educativo y como escuelas e instituciones cada vez más depende del éxito que tenga una campaña nacional por el diálogo y el no a la violencia del discurso y las acciones gobierno-empresariales.

* Rector de la UACM