e acuerdo con los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2015, realizada en la jornada electoral del pasado 7 de junio y en días posteriores, las instituciones menos confiables entre los niños y adolescentes del país son el gobierno, la policía y el Ejército.
Un dato revelador de la muestra –en la que participaron 2 millones 677 mil 825 menores de entre 6 y 17 años– es que el deterioro en la imagen de esas organizaciones se incrementa en función de la edad. Así, mientras que en el rango de seis a nueve años los niveles de confianza en la policía y el Ejército se ubican en 80.9 y 84 por ciento, respectivamente, sólo 21.7 y 25.2 por ciento de los niños y niñas de entre 10 y 13 años dijeron confiar en esas corporaciones.
Otro tanto ocurre con la falta de credibilidad de los gobernantes: 55.9 por ciento de los entrevistados de entre 10 y 13 años afirmaron desconfiar del gobierno, porcentaje que se incrementa a más de 94 por ciento entre los adolescentes de 14 a 17 años. En general, del estudio puede concluirse que la imagen de la clase política y las corporaciones de seguridad pública y nacional está devastada entre los muchachos y las muchachas que están por obtener la condición de ciudadanos y ciudadanas con derechos políticos plenos.
Más allá de que la adolescencia conlleve aparejados conflictos recurrentes con las figuras de autoridad, hay motivos para pensar que los resultados comentados no se explican únicamente en función de fenómenos propios de esa etapa de la vida. Al contrario, el descrédito institucional en ese grupo de edad puede atribuirse a las terribles deficiencias de los gobiernos recientes para garantizar condiciones de subsistencia dignas para la población; a la persistencia de una economía sin horizontes de movilidad; al atropello sistemático de garantías constitucionales básicas por parte de las autoridades –en episodios que involucran regularmente a efectivos militares y policiales–, así como a la fractura entre los discursos oficiales y la realidad de miseria, desigualdad, exclusión, inseguridad, violencia, corrupción e impunidad que afecta al país.
El incumplimiento de los gobiernos respecto de responsabilidades y mandatos fundamentales; la persistencia de vicios, corrupción y abusos policiales en perjuicio de la ciudadanía; el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad que le son legalmente ajenas, y la inoperancia de los mandos civiles para corregir esas anomalías y asegurar que los uniformados hagan valer el estado de derecho, son factores que se expresan en un país cuyas generaciones más jóvenes han perdido la capacidad de creer en una institucionalidad supuestamente diseñada para protegerlas.
Semejante escenario configura una de las herencias más nefastas y contraproducentes de los gobiernos del último ciclo, en la medida en que afecta profundamente el principio de autoridad sobre el que debe fundarse cualquier régimen que pretenda viabilidad en el futuro. Los gobernantes de los tres niveles, los funcionarios y representantes de los tres poderes y los uniformados de todas las corporaciones deberían recordar que la autoridad no emana únicamente del nombramiento formal en un cargo público sino, principalmente, de un ejercicio de congruencia, legalidad y civismo que les otorgue un ascendiente moral ante la población. En lo inmediato el abandono de ese precepto les ha causado ya un grave desprestigio en toda una generación y, por desgracia para el país, revertirlo no será tarea de corto plazo.
