Brasilia.

La justicia electoral de Brasil aprobó este martes reabrir una investigación sobre la campaña presidencial de Dilma Rousseff por el presunto uso de fondos desviados del fraude a Petrobras, una decisión que tiene el potencial para anular su mandato.

La demanda es una de las cinco presentadas por el opositor Partido de la Social Democracia Braslileña (PSDB) derrotado en los comicios de octubre de 2014 por apenas 3 puntos porcentuales, que afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Michel Temer (Partido de Movimiento Democrático Brasileño, PMDB) financió su carrera al Palacio de Planalto con donaciones de empresas involucradas en un gigantesco esquema de corrupción en la estatal Petrobras.

Por cinco votos contra dos, los ministros revirtieron este martes una decisión de la magistrada Maria Thereza de Assis Moura, que en febrero había pedido el archivo de la demanda por considerar que las pruebas eran frágiles.

El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y de Michel Temer de abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos.

El partido, que llevó como candidato al actual senador Aecio Neves, plantea además que hubo manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos -un abuso acumulado con la perpetración de fraude-, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y publicidad institucional en época de veda.

Es la primera vez que la justicia electoral abre una investigación de este tipo contra un presidente en funciones, dijeron a la Afp fuentes del Tribunal Superior Electoral. El mecanismo, previsto en la Constitución, puede concluir con la anulación de su mandato y un nuevo llamado a elecciones. Rousseff lidia con varios frentes que podrían justificar un juicio político e interrumpir prematuramente su segundo mandato iniciado en enero.

Además de ser acusada de usar recursos públicos para su campaña, la mandataria es cuestionada por solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, lo que está prohibido por ley.

Sofocada por la recesión económica, con un Congreso fragmentado y un apoyo popular de apenas 10 por ciento, Rousseff lucha para restaurar la gobernabilidad y conseguir aprobar un paquete de ajuste fiscal que le permita reordenar las cuentas públicas.

En todo caso, el gobierno de de Rousseff sufrió este martes en el Congreso la primera derrota después de implementar una reforma ministerial destinada a agradar a la coalición de gobierno para, entre otras cosas, aprobar medidas de ajuste fiscal destinadas a recomponer la economía.

El principal aliado del gobierno, el PMDB, colaboró con la oposición para que no hubiera quórum suficiente para analizar los vetos presidenciales a proyectos de reajuste salarial que tendrían un fuerte impacto negativo en las ya deterioradas finanzas estatales, indicaron medios locales.

De los 257 diputados que deberían haber comparecido para dar inicio a la votación, acudieron solo 196. Los senadores presentes, en cambio, fueron suficientes: se necesitaban 41 presentes y acudieron 54.

La votación, en la que el Ejecutivo espera que se mantengan los vetos presidenciales, es clave para el gobierno por dos razones. Una, porque si los vetos son derribados provocarán gastos extras de unos 127 mil 800 millones de reales (unos 31 mil 950 millones de dólares) en los próximos cuatro años.

En segundo término, porque el gobierno consideraba la votación de este martes como una primera prueba de fidelidad de los aliados tras la reforma ministerial, que incluyó como punto sustancial el cese del jefe del gabinete civil de la Presidencia, Aloízio Mercadante, mano derecha de Rousseff, cuya salida era demandada por los aliados.

“La falta de quórum es mala, evidentement

Esta es la segunda vez que el Congreso aplaza la votación que mantiene al gobierno en vilo. La semana pasada, una maniobra del presidente de Diputados, Eduardo Cunha, que es del PMDB, logró impedir que la misma se llevara a cabo.

Según analistas, el gran temor del gobierno es que en la nueva sesión, marcada para este miércoles, haya quórum pero los vetos sean derribados.

En tal sentido, el senador del derechista partido opositor Demócratas (DEM) Ronaldo Caiado ironizó: Con toda la distribución de ministerios el gobierno no consiguió alcanzar un quórum mínimo. Es impresionante, afirmó, citado por el portal de noticias UOL.