n su comparecencia ante el Senado, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se congratuló por la conclusión de las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP), tras una última ronda de conversaciones en Atlanta, Georgia. Expresiones similares tuvieron los presidentes de México, Enrique Peña Nieto –quien consideró que el convenio traerá mayores inversiones y empleos bien remunerados–, y de Estados Unidos, Barack Obama, quien no tuvo empacho en admitir que el ATP va contra China y otros países, a los cuales, dijo, no dejaremos escribir las reglas de la economía global. Por su parte, Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, aseguró que México consiguió balances adecuados en los temas sensibles para la industria del país.

Lo cierto es que la larga negociación del acuerdo se ha desarrollado en una deplorable opacidad. Los representantes de los 12 países integrantes –Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam– se han reunido y han acordado los términos de ese instrumento de desregulación comercial de espaldas a sus respectivas sociedades. Ni siquiera los legisladores de las naciones involucradas han podido tener acceso al acuerdo, cuyas cláusulas señalan un periodo de reserva de cinco años a partir de su entrada en vigor. Hasta ahora, los únicos fragmentos divulgados del texto del ATP han sido los que Wikileaks ha proporcionado a diversos medios, entre ellos este diario.

El ocultamiento ha dejado inermes a los sectores económicos que se verán perjudicados por los términos del convenio multilateral y a la ciudadanía en general. De lo que se ha hecho público hay elementos para considerar que la implantación del ATP amenaza la capacidad de los gobiernos que lo firmen para regular la economía; reduce peligrosamente la jurisdicción de los tribunales nacionales, al establecer cortes privadas que tendrán autoridad para decidir sobre conflictos entre países y compañías extranjeras; impedirá la adopción de leyes orientadas a acotar actividades empresariales dañinas a la salud y el medio ambiente; dejará, en suma, a trabajadores, pequeños empresarios y consumidores en grave indefensión ante la voracidad de los capitales trasnacionales. Los documentos correspondientes pueden consultarse en las ediciones del 26 de marzo y 10 de junio de este diario y en entradas del 16 de octubre del año pasado del sitio http://wikileaks.jornada.com.mx/.

Sería inaceptable que el Senado ratificara el acuerdo referido sin que antes se realice un análisis público y exhaustivo del documento ahora secreto y sin asegurarse de que éste no se traducirá en limitaciones de ninguna clase a las atribuciones legales de las instituciones públicas ni en afectaciones a los derechos individuales y colectivos de los mexicanos.