Madrid.

El ex vicepresidente del gobierno español y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, compareció este martes ante un juez que lo investiga por diversos delitos, entre ellos fraude fiscal y blanqueo, donde se le impuso como medidas cautelares el retiro de su pasaporte y la obligación de presentarse ante el juzgado una vez al mes.

En una audiencia que duró tres horas ante el juez Antonio Serrano-Arnal para que respondiera a las diversas investigaciones abiertas en su contra, el magistrado decidió dejarlo en libertad con la condición de entregar el pasaporte para que, en consecuencia, solo pueda desplazarse por países de la Unión Europea con el DNI (cédula de identidad).

Rato, quien fuera el referente de la derecha española en materia económica durante dos décadas, como ministro del ramo, y uno de los hombres más próximos al entonces presidente conservador José María Aznar (1996-2004), compareció ante los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid. En la entrada fue increpado por personas a las que afectó por un fraude tras la venta de la entidad financiera Bankia.

Se le imputan delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y corrupción entre particulares, ya que se presume cobró comisiones ilegales y adjudicó contratos públicos a sus propias empresas que estaba regentadas a su vez por un testaferro, Alberto Portuondo, quien había fijado desde hace un lustro su residencia oficial en México.

En tanto, la Audiencia de Palma de Mallorca, capital de las Islas Baleares, acordó iniciar juicio el próximo 11 de enero contra Cristina de Borbón, envuelta en un escándalo de corrupción en que también está bajo investigación su esposo Iñaki Urdangarin. Como hermana del rey Felipe VI, esta es la primera vez en que un miembro de la familia real española será juzgada.

Cristina se sentará en el banquillo de los acusados después de una larga y sinuosa investigación, en lo que se ha denominado el caso Nóos, tras desvelarse una trama de corrupción político-empresarial dirigido por su marido Urdangarin, y su socio, el empresario Diego Torres. Será procesada por un delito de fraude fiscal.

Esta ha sido una de las investigaciones más complejas y delicadas de los últimos años, en la que están imputadas 18 personas en total, entre las que figuran además políticos de relevancia como el ex presidente de las Islas Baleares y ex ministro de Medio Ambiente en el gobierno de Aznar, Jaume Matas, o el ex alcalde de Valencia, también del Partido Popular (PP), Alfonso Grau.

Entre los testigos citados a declarar destacan los altos responsables de la Casa Real o el ex presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps. Sin embargo, fueron finalmente eximidos de responder a las preguntas de los jueces en calidad de testigos, el rey Felipe VI y su padre y rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón.