on Pemex fuera del juego por la falta de recursos que padece, debido a la caída en los precios internacionales del crudo, la segunda licitación de la ronda uno de asignación de zonas de explotación petrolera logró, según el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda Molina, adjudicar sólo tres de cinco áreas de explotación, con seis campos en total, entre tres de los consorcios participantes. Ello, a pesar de que en semanas recientes la CNH flexibilizó las reglas para la formación de los consorcios, redujo al mínimo los requerimientos financieros y las garantías exigidas y ante la escasez de inversión optó, in extremis, por revelar a los postores los precios mínimos de los contratos, práctica inusual, por decir lo menos.

Más todavía si se considera que Pemex aún no cuenta con las alianzas estratégicas que requiere para explotar la totalidad de los yacimientos que le fueron otorgados en la ronda cero, y que en la primera fase de la ronda uno, realizada en julio pasado, sólo se logró licitar 14 por ciento de las áreas, menos de la mitad de lo que el gobierno esperaba, es inevitable concluir que esta etapa del reparto de los recursos naturales a empresas privadas queda muy por debajo de las expectativas oficiales y que no será posible alcanzar el objetivo inicial de incrementar en 50 por ciento los niveles actuales de inversión en exploración e inversión.

En suma, la inversión privada ha resultado menor de la esperada, tanto en materia de producción como de inversión, a pesar de las facilidades otorgadas por el gobierno.

Esta circunstancia se explica, en parte, por la caída de las cotizaciones internacionales de los hidrocarburos, la cual reduce el atractivo de la industria petrolera a ojos de la inversión privada, incluso si, como es el caso, se le regala el costo de la prospección previa, la cual, cabe recordarlo, ya fue realizada por Pemex con recursos públicos.

Pero, por otra parte, no debe descartarse el factor de la erosión de la imagen pública de México entre los inversionistas extranjeros, fenómeno que tiene causas múltiples: la violencia y la inseguridad que imperan en extensas regiones del país –y que en muchos casos abarcan las áreas de las licitaciones petroleras–; la debilidad del estado de derecho y los escándalos de corrupción y, no menos grave, la conflictividad social que puede generarse en algunas de las zonas asignadas debido a disposiciones legales contenidas en la reforma energética que resultan lesivas para quienes habitan esas regiones, particularmente en lo referente a expropiaciones de tierras sin juicio de por medio.

De esta forma México parece situarse en el peor de los escenarios posibles: la privatización de los recursos naturales no es capaz de atraer la inversión extranjera en los montos imaginados ni de elevar la producción a los niveles deseados por el propio gobierno, y por otro lado se cede un filón importante de la renta petrolera y se pierde la fortaleza que otorgaba al Estado el dominio pleno de la industria energética y de los recursos del subsuelo.

En vez de disfrazar los malos resultados de la ronda uno, las autoridades tendrían que reconocer que la alteración al orden jurídico y económico del país que representó la reforma energética está siendo contraproducente, y plantearse la pertinencia de revertirla.