El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, confió en que la Cámara de Diputados avalará este jueves la minuta del Senado que reforma la Constitución, para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de legislar en materia de desaparición forzada.

Asimismo, insistió en definir como grave la muerte de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, y explicó que la comisión mantiene abierto ese expediente. Estamos en el seguimiento puntual del cumplimiento de la recomendación y vamos a ser exigentes.

Ayer, González Pérez se reunió con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, después de que su antecesor Raúl Plascencia se negó durante más de dos años a atender las solicitudes de comparecencia y de que la anterior presidenta de esa instancia legislativa, la priísta Miriam Cárdenas Cantú, rechazó convocarlo.

Durante una reunión de trabajo con la comisión, González Pérez planteó a los legisladores los ejes que debería contener una ley de desaparición forzada.

Esta legislación, expuso, debe tender a unificar los tipos penales para todos los estados, porque si bien 26 de éstos han tipificado ese ilícito, falta dotarlas de un contenido con estándares internacionales.

También señaló los elementos necesarios para un registro adecuado de personas desaparecidas; mecanismos para la búsqueda inmediata, porque no es posible que cuando alguien señala una probable desaparición se dejen transcurrir 48 horas para ver si aparece; parámetros de un registro de información genética, con el fin de acelerar el cotejo con los familiares, sobre todo en momentos en que en el país se han descubierto innumerables fosas clandestinas.

Asimismo, indicó, una declaración de ausencia que permita a las familias enfrentar circunstancias inmediatas, pues actualmente no pueden hacer uso de recursos porque el trámite en el ámbito civil es declarar la presunción de muerte, pero ésta puede llevar hasta ocho años.

Durante la reunión, y ante diversas preguntas de los diputados sobre leyes en los estados que pretenden acotar la manifestación pública, como en Puebla, González Pérez dijo que desde el principio de su gestión ha señalado que la protesta legítima y pacífica es fundamental para la libertad de expresión y, desde luego, debe gozar de la debida protección en términos de los estándares internacionales.

Es decir, estamos en favor de que las autoridades deben respetar el uso legítimo de la libertad de expresión, y cuando se han agotado las formas de exigencia de un derecho para cuestionar a la autoridad está la protesta civil, dijo.

También consideró que el gobierno federal debe aceptar las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez. Así estoy convencido. Con independencia del grado de extensión de la tortura, es un problema serio en el país y hay que erradicarla, resaltó.

En el caso de Nestora Salgado, explicó que la comisión aún investiga dos quejas, una sobre la actuación de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, a partir de la ley 701 de esa entidad, así como de cuatro personas que se presentaron como víctimas de secuestro, además de dos quejas por las condiciones de su estancia en el penal de Tepic, Nayarit.

Al final de la reunión, la diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) solicitó al ombudsman medidas precautorias en prevención de cualquier agresión del gobierno de Puebla, una vez que termine su cargo.