El Ifai, caja negra

ara evitar cualquier mala interpretación a la recientemente aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los legisladores precisaron los principios que deben ser aplicados: máxima publicidad de todo acto de autoridad y la obligación de documentar todo acto que se derive de sus funciones. Pero, ¿qué ha sucedido en la práctica con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Ifai)? Los siete comisionados desmantelaron al instituto, despidiendo a más de 150 funcionarios. Ante la denuncia de que no se habían transparentado los procedimientos del despido masivo ni se habían rendido cuentas de las liquidaciones oprobiosas, y la solicitud de información sobre el dicho de la comisionada presidenta Ximena Puente, de que se había hecho una valoración de los despedidos, el Ifai respondió (respuesta con folio 0673800025415): que no se había publicitado nada en particular; que no existía ninguna documentación de todos esos actos de autoridad y que, en sentido práctico, cada superior había hecho la evaluación.

os partidarios a ultranza del libre comercio, cuyo santo grial del momento es la Asociación Transpacífica (ATP, o TPP, por Trans-Pacific Partnership), echaron a volar las campanas con júbilo a mediados de abril al darse a conocer un acuerdo en principio entre los líderes de los comités de Finanzas del Senado y de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Se dijo que el acuerdo abría el camino para, por fin, aprobar en el Congreso de Estados Unidos la solicitud de autorización especial de negociación –universalmente conocida como fast track authority– presentada por el presidente Obama en relación, entre otras cosas, con la negociación –tan prolongada y tortuosa como reservada o confidencial en sus detalles– de dicha asociación con otros 11 países de la cuenca del Pacífico (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam). Como se sabe, la autorización especial o fast track authority permite al Legislativo definir los objetivos de la negociación comercial de que se trate, pero lo restringe a rechazar o aprobar in toto el resultado de las negociaciones, sin poder enmendar ninguno de sus extremos. Desde los tiempos –que ahora se antojan pertenecientes a la prehistoria– de la negociación del TLCAN, los socios comerciales de Estados Unidos saben muy bien que negociar fuera de la fast track authority es, en el mejor de los casos, un ejercicio fútil.

uando las especulaciones de los aguirristas (de Ángel Aguirre) subían de tono para volver a las querencias del poder, salió al ruedo Carlos Navarrete y dejó entrever que el gobernador con licencia, autor de una carta hasta entonces desconocida, no volvería al cargo. Ha parado con ello especulaciones, versiones y ha dado certidumbre a la ruta que el Congreso del estado tiene que seguir, declaró el presidente del PRD, convertido en vocero oficioso del ex gobernador Ángel Aguirre, a quien sólo faltó rendirle un homenaje por su moderación. ¿Eso es todo?

l gobierno federal, a través del secretario de Hacienda, ha planteado que los recortes presupuestales realizados en 2015 y los que se anunciaron para 2016 seguirán durante varios años. La explicación es que las perspectivas futuras se caracterizan por tres factores relevantes negativos: la importante reducción de los precios del petróleo que se mantendrá permanentemente; la inminente elevación de las tasas de interés en Estados Unidos y la consecuente apreciación del dólar; un bajo entorno de crecimiento en la economía global. Frente a este futuro previsible el gobierno plantea que lo central es preservar la estabilidad de la economía. Por ello su respuesta de política es reducir el gasto.