La Cámara de Diputados aprobó ayer la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, que endurece la vigilancia a las sociedades financieras populares (Sofipo), pero que sujeta a las sociedades financieras comunitarias (Sofico) a reglas similares a las de los bancos, que las llevará –en opinión de Morena y algunos perredistas– a la extinción.

También dispuso constituir un fideicomiso de hasta mil 700 millones para pagar a los defraudados por Ficrea. Con una mayoría de 328 votos, el pleno respaldó el proyecto y la minuta fue enviada al Senado para su revisión.

El grupo legislativo del PAN, un sector de diputados del PRD y las fracciones del PT y Morena votaron en contra del fideicomiso, con el argumento de que se trata de un rescate con fondos públicos para cubrir el desfalco del sinvergüenza de (Rafael) Olvera Amezcua, actualmente prófugo junto con su familia.

Ahora todo mundo va a venir al Congreso para que se proceda de la misma manera, sostuvo la panista Esther Quintana.

Su compañera de fracción, Eufrosina Cruz, cuestionó que el Poder Legislativo no respondiera también con un fideicomiso a los defraudados de las cajas de ahorro, principalmente en Chiapas, Michoacán y Oaxaca, sólo porque no son amigos de algunos ministros, de algunos diputados y porque no pueden expresarse en español. Han venido a marchar y la respuesta ha sido que es un tema entre particulares. El fraude en Ficrea también es un asunto entre particulares.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) rechazó que se trate de un rescate con fondos públicos porque, dijo, si bien el fondo para resarcir a los defraudados de Ficrea se constituirá con un crédito puente de Nacional Financiera (Nafin), los acreedores deberán ceder sus derechos al gobierno federal.

En efecto, se crea un fondo de entre mil 500 y mil 700 millones de pesos para que los ahorradores entreguen su deuda para que el gobierno sea el único acreedor de Ficrea, que la monetizará con la garantía de la cartera de Leadman Trade, por casi de mil 584 millones de pesos, dijo en referencia a los fondos que Olvera Amezcua desvió hacia esa correduría.

El PAN presentó, a través de Esther Quintana y Eufrosina Cruz, dos reservas a los artículos transitorios de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, para tratar de excluir la constitución del fondo, al señalar que se trata de un rescate similar al impulsado por el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, resaltó que el PAN no tiene memoria. Fueron ellos los que votaron el Fobaproa junto con el PRI, dijo. Recordó incluso que el Fobaproa fue avalado cuando, para no votar en contra, el panista Francisco José Paoli Bolio –a la sazón presidente de la mesa directiva– abandonó el salón con el pretexto de ir al baño.

Póngale el nombre que se les dé su regalada gana, pero este es un rescate, insistió Esther Quintana.

Fabiola Valencia (MC) recordó que en la Comisión de Hacienda, los panistas sí respaldaron el fidecomiso. Ahora se echan para atrás. Ahí respaldaron a Aurora Aguilar, presidenta de la comisión, que por cierto no está aquí, anda en Madrid en la plaza de toros.

La diputada Gloria Bautista (PRD) reprochó que la ley suprima las 380 cooperativas de ahorro básico que funcionan en las comunidades rurales e indígenas del país.

Se deja la facultad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para autorizar o no la constitución y puesta en marcha de una nueva cooperativa. Se amplía la supervisión, cuando en su mayoría no cuentan con más de mil 500 ahorradores, pero atienden necesidades concretas en poblaciones rurales e indígenas y tienen muchas dificultades para cumplir una regulación con estándares bancarios. Se les quiere condenar a la extinción, alertó.

La discusión se llevó en un salón de sesiones prácticamente vacío. De los 500 diputados sólo se presentaron 379 y la mayoría sólo regresaba al salón a votar, antes de abandonar nuevamente el pleno.