La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) pidió a la Asamblea Legislativa (ALDF) que en la discusión de la ley de agua y sustentabilidad hídrica de la ciudad de México atienda a las obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al agua, previstas en el artículo primero constitucional.

Resaltó además los principios establecidos en la Observación General 15 sobre el tema el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, como abstenerse de prácticas o actividades que denieguen o restrinjan el acceso al agua potable en condiciones de igualdad; adoptar en la legislación medidas que impidan que terceros denieguen o exploten en forma inequitativa los recursos hídricos; prevenir violaciones al derecho humano al agua y que de ocurrir sean investigadas, sancionadas y reparadas, entre otras.

La ALDF pidió a la comisión promover mediante foros y mesas de análisis la participación de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos sobre el proyecto que envió el año pasado al legislativo el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y que está en análisis en las comisiones unidas de Gestión Integral del Agua y Administración Pública Local.

La CDHDF instó a su vez a los diputados a tomar acciones que permita a los ciudadanos conocer los alcances del proyecto, las repercusiones sociales y culturales que puedan tener las medidas que se adopten y, sobre todo, que se garantice el derecho a una participación efectiva.

Esto, al advertir que a menudo las consultas están orientadas a lograr el consentimiento de los ciudadanos y no a que participen en el diseño de las medidas. Si se permite que las personas tengan voz, pero no influencia, es decir, que sean incluidos en procesos que no repercuten en la formulación de las medidas existen grandes posibilidades de que se frustren expectativas.

Añadió en su respuesta a la ALDF que el derecho humano a la participación en el tema del agua no se agota en el proceso legislativo, sino que debe prever la misma ley mecanismos para adopción, implementación y supervisión de las políticas públicas en la materia con esquemas amplios de participación social y de exigibilidad, que garanticen su cumplimiento.

Con la certeza de que la sustentabilidad hídrica de la ciudad de México requiere un profundo proceso de diálogo con la sociedad civil, que redunde en el consenso democrático de las diversas posturas interesadas en el tema, esta Comisión hace de su conocimiento que ofrece toda su disposición para asistir a las reuniones de trabajo necesarias a las que se nos convoque, en las que se busque establecer los acuerdos necesarios para atender de manera integral y en estricto apego a las atribuciones de cada ente, apuntó.