Guanajuato, Gto.

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) reportó un incremento de 10 por ciento quejas por tortura en la entidad entre 2013 y 2014, debido a que la cifra pasó de 19 a 21 investigaciones.

Según el informe de actividades presentando por el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de esos 21 expedientes por tortura, 20 fueron contra elementos de la Policía Ministerial, que depende de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y uno contra personal de la Policía Federal.

Si hay una violación flagrante a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana es la tortura, una práctica abominable que ha llegado a grados inimaginables de crueldad y de atrocidad, un flagelo del que ninguna región del mundo se ha podido liberar, señala Rodríguez Junquera en el reporte.

En 2014 se integraron tres expedientes de quejas de periodistas, entre ellos el de Karla Janet Silva Guerrero, comunicadora que fue mandada a golpear el 4 de septiembre por cuestionar al gobierno del alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola.

Ese mismo año, la PDHG emitió 530 recomendaciones a 285 autoridades estatales y municipales. El 95 por ciento fueron aceptadas y el resto está pendiente.

En total, el año pasado fueron integrados mil 220 expedientes de queja, de los cuales 280 lo fueron por ejercicio indebido de la función pública, 160 por lesiones, 156 por arrestos arbitrarios, 97 por violaciones a los derechos de la infancia, 22 por tortura, tres por atentados a la libertad de expresión y dos por muertes de otras tantas personas en cárceles de San Felipe e Irapuato, entre otras.

La PGJE encabeza a las dependencias denunciadas por violar derechos humanos con 220 quejas, seguida por la policía de León con 95; la de Celaya con 48 y la de Irapuato con 52.

Cuatro ciudadanos se quejaron del gobernador Miguel Márquez Márquez y del personal de su secretaría particular.

En un comparativo 2013-2014 se observa una disminución de 29.47 por ciento en el ejercicio indebido de la función pública, de 26.27 por ciento en lesiones y de 4.88 por ciento las detenciones arbitrarias, reveló Rodríguez Junquera.