a conmemoración de Emiliano Zapata en su 96 aniversario luctuoso, encabezada ayer en Chinameca por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, fue interrumpida por una protesta de campesinos de la entidad que se oponen a la realización del Proyecto Integral Morelos, que contempla la construcción de un gasoducto, un acueducto y dos termoeléctricas. Pese a que el acto estuvo vigilado por policías antimotines y acordonado por varios filtros de seguridad, la irrupción de los inconformes –entre quienes se encontraba Jorge Zapata González, nieto del general revolucionario– obligó a los referidos funcionarios a huir del lugar.
Más allá de lo anecdótico, el hecho adquiere un significado adicional en la medida en que permite ponderar la tensión existente entre una formalidad institucional proclive a apropiarse de símbolos históricos y sociales y la significación que es atribuida a éstos por la propia población, particularmente por los sectores menos favorecidos.
Debe recordarse, en efecto, que los ideales del caudillo del sur –particularmente la defensa del derecho de los campesinos a la tierra– colisionan con la situación de un campo mexicano que durante el siglo pasado sufrió un proceso sostenido de abandono a la par de los planes de industrialización nacional. Más tarde, con el inicio del ciclo neoliberal, ese deterioro se profundizó con episodios como la contrarreforma agraria de Carlos Salinas de Gortari, quien en 1992, con el propósito de incrustar el agro mexicano en la lógica de mercado y en la apertura comercial, modificó el artículo 27 constitucional y puso fin a los programas de redistribución de la tierra, aniquiló el ejido y, con ello, liquidó una de las principales herencias del zapatismo y la Revolución.
En paralelo, las sucesivas administraciones federales de entonces a la fecha han puesto en marcha políticas que han significado el abandono de los entornos rurales y el empeoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, y han iniciado procesos de apertura comercial indiscriminada –cuya expresión más acabada es el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte–, que hoy amenazan las perspectivas de vida de millones de campesinos.
Ante ello, el grupo en el poder ha mantenido una actitud de cerrazón, insensibilidad y ceguera, y ha carecido de voluntad política para atender las expresiones de descontento que no sólo recorren al sector agrícola, sino que se extienden por amplias franjas de la población. En el caso concreto de Morelos, debe señalarse que la gestión de Graco Ramírez ha estado marcada por un historial de acciones de resistencia popular en contra de diversos proyectos pactados entre gobiernos estatales y empresas trasnacionales. En el caso comentado, la negativa de los campesinos y ejidatarios morelenses a la realización de los proyectos referidos se funda en la consideración de que las obras comprometidas, lejos de reportar beneficios a las comunidades vecinas, implicarán la expropiación y devastación de terrenos ejidales; propiciarán un avance descontrolado y nocivo de la urbanización, y generarán oportunidades de negocios de especulación inmobiliaria que enriquecerán a particulares.
En suma, la acción de resistencia comentada representa un desafío a la tendencia de la una clase política mucho más preocupada por los intereses corporativos que por los derechos sociales y que suele echar a andar importantes proyectos de infraestructura sin ponerlos a consideración de las poblaciones afectadas. Resulta lógico que las mayorías depauperadas y afectadas por ese estilo de gobernar perciban como un agravio el intento gubernamental por apropiarse, en los actos oficiales, de símbolos sociales tan poderosos como la figura del caudillo del sur.
