Por segunda ocasión, la Procuraduría General de la República (PGR) falló en su intento por obtener una orden de aprehensión en contra de Nestora Salgado, ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.

El segundo tribunal unitario penal consideró que los fiscales federales ‘‘no aportaron al menos indicios mínimos que sustentaran legalmente la medida cautelar’’ por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, según consta en la resolución judicial 43/2013, a la que tuvo acceso La Jornada.

La primera vez que la PGR intentó obtener una orden de captura contra Salgado fue a mediados de 2014, pero en aquella ocasión el juzgado octavo de distrito –con sede en Chilpancingo– también rechazó dar la razón al Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). Nestora Salgado está presa en Tepic, Nayarit, desde el 21 de agosto de 2013, por acusaciones del fuero común, luego de que un día antes fue detenida en su casa.

El segundo tribunal unitario con sede en Acapulco –según se desprende del fallo judicial al que tuvo acceso este diario– estableció que ‘‘es un hecho notorio que (Salgado) era ajena a los delitos que le imputa el agente del Ministerio Público de la Federación, debido a que ya existía una resolución a su favor (emitida por el primer tribunal unitario penal, ubicado en Chilpancingo) exculpándola de los mismos hechos’’.

En el año 2013, la PGR consignó a Salgado por un caso de secuestro registrado el 9 de junio de 2013, en agravio de las menores de edad Dulce Rubí Burgos Pérez, Betzabé Rubí Baltazar Sosa, Sofía Navarrete Baltazar y Yesenia Castillo Mesa.

La Procuraduría General de Justicia de Guerrero y la propia PGR consignaron a Salgado por estos hechos desde agosto de 2013, y meses después el primer tribunal unitario de Chilpancingo canceló el proceso federal contra Nestora por este asunto.

En virtud de lo anterior, y ante la intención de la PGR de volver a pedir la orden de captura contra Salgado, el segundo tribunal unitario negó la aprehensión, pues los hechos consignados en esta ocasión estaban relacionados con el procedimiento concluido desde 2014. Desde que asumió el cargo, el gobernador guerrerense, Rogelio Ortega, se comprometió a ‘‘gestionar’’ la libertad de Nestora Salgado y otros policías comunitarios de Olinalá, lo cual no se ha concretado.

En febrero pasado, la embajada de Estados Unidos citó a una reunión privada a Leonel Rivero, abogado de Nestora. Funcionarios consulares y políticos de la legación querían entender qué obstaculiza la liberación de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá.

Durante una entrevista con este diario, Rivero contó que a los funcionarios estadunidenses les dijo que ‘‘el de Nestora es un típico caso de prisión política y persecución de la lucha social. Su situación condensa el rechazo del Estado a proyectos autónomos de seguridad pública que, como las policías comunitarias y las autodefensas, evidenciaron la incapacidad de las autoridades de proteger a las poblaciones indígenas y rurales’’.