n una extensa misiva pública dirigida ayer a Jorge Lomónaco, representante del gobierno mexicano ante los organismos internacionales en Ginebra, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, replicó a las críticas que ha recibido por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Antonio Meade Kuribreña; del subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, y del propio Lomónaco, por el informe que presentó a principios del mes pasado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual asentaba la persistencia de prácticas generalizadas de tortura en nuestro país cometidas por fuerzas policiales y ministeriales de todos los niveles de gobierno y de las fuerzas armadas.

ay dos hechos importantes que están afectando el futuro de la industria y de la actividad económica nacional. La provocación irresponsable de conflictos con base en decisiones equivocadas y la ignorancia que se traduce en improvisación y error en la conducción de las políticas industrial y comercial de nuestro país. Los intereses creados y la corrupción son elementos adicionales que afectan gravemente al sistema y al diseño de las estrategias para reducir la crisis y la consecuente desigualdad.

anzando por las calles del Centro Histórico, las calacas confirman una visión no por folklórica menos complaciente de México, una suerte de tarjeta postal envejecida donde los mitos –la fraternidad con la muerte– devienen show business, farsa posmoderna, aunque la tragedia, la verdadera, permanezca intocable entre los vivos. La verdad es que nadie se acostumbra al horror, a las periódicas matanzas que siguen marcando hitos en la desconfianza hacia la autoridad que investiga o persigue el delito o, lo que es igual, a las mismas instituciones creadas para preservar la seguridad y la justicia. Los hechos de Iguala y Cocula, ocurridos hace seis meses, tocan cuerdas vitales de nuestra existencia como sociedad, pues se suman a un rosario de crímenes impunes en los que la autoridad estatal tiene una responsabilidad ineludible, sin mencionar el 2 de octubre o la guerra sucia contra la guerrilla. Fue la reacción a ese estado de indefensión la que abrió paso a los defensores de los derechos humanos, cuyo movimiento creció en medio de la incomprensión casi general de una élites formadas en la justificación del principio de autoridad y en la interesada confusión entre el poder y la justicia.

l pasado viernes 27 de marzo hubo una fuerte movilización pacífica en la ciudad de Cananea, organizada por la alianza Todos Unidos Contra Grupo México. Esta organización se compone con los pobladores de los municipios del río Sonora afectados por la contaminación, y por los mineros de Cananea, que están por arribar al octavo año de huelga y que hace cinco años la sostienen como huelga de hecho, mientras sus abogados mantienen latentes los recursos jurídicos y han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha iniciado un proceso de revisión del caso. En esta ocasión unos 2 mil ciudadanos de los municipios ribereños se concentraron desde temprano en el mausoleo de los mártires de Cananea de 1906, a la entrada de la ciudad, y marcharon hacia el predio conocido como Los Patos, a unos siete kilómetros de distancia. Allí mismo, dentro de la ciudad hacia el este, instalaron un campamento permanente que mantienen desde el 16 de marzo y de donde impiden que las plantas rebombeen el agua hacia la mina, lo cual está provocando el efecto favorable de que esa agua siga su curso normal y recargue los acuíferos subterráneos del río San Pedro. Otro efecto consiste en que al impedir el rebombeo, la enorme laguna de ácidos y venenos de Cananea esté bajando su nivel de tóxicos.

na de las razones por las que deben saber que el Acuerdo TransPacífico (ATP) es importante es que traten de aprobarlo sin que nadie se entere…los que apoyan (al ATP) siempre dicen que van a crear empleo. Si fuera verdad, los sindicatos estarían a favor, pero la gente que lo impulsa es la de Wall Street. Así se expresó el economista Joseph Stiglitz, luego de hacer una reflexión crítica del ATP ante un auditorio neoyorkino: alertando a organizaciones comunitarias y sindicatos, agregó que Michael Froman, el representante comercial del gobierno de EU en esas negociaciones, viene de Citibank (dueño de Banamex) y no representa a los trabajadores ni al ciudadano común, sino a un grupo de interés especial, por lo que, dice Cynthia Phinney, del Sindicato de Electricistas de Maine, “es menester la revisión y discusión parlamentaria del ATP oponiéndose a la vía rápida (fast track) llamada autorización para promover el comercio.