ay dos hechos importantes que están afectando el futuro de la industria y de la actividad económica nacional. La provocación irresponsable de conflictos con base en decisiones equivocadas y la ignorancia que se traduce en improvisación y error en la conducción de las políticas industrial y comercial de nuestro país. Los intereses creados y la corrupción son elementos adicionales que afectan gravemente al sistema y al diseño de las estrategias para reducir la crisis y la consecuente desigualdad.

¿Cómo puede México avanzar hacia el desarrollo, cuando se imponen medidas de una clara y abierta apertura para competir en condiciones desventajosas para las empresas del país? Es el caso de la industria siderúrgica, con la libre importación de productos del acero a precios subsidiados de países que tienen un exceso de producción e inventarios, como China, Rusia, Corea, Japón, India y Ucrania, entre otros, los cuales están aprovechando esta situación para introducir sus excesos productivos y su ventaja comparativa de las devaluaciones de sus monedas que abaratan los precios y se vuelven una tentación para los importadores de esos productos, incluso a veces no de la mejor calidad.

En este contexto existen algunos empresarios sin responsabilidad social y que sólo responden a sus intereses personales o de grupo, al igual que algunos políticos que se están beneficiando de su intervención en favor del libre mercado. Es obligación del gobierno investigar a fondo quién se ha aprovechado de esta política comercial antinacionalista, descuidando la soberanía y el crecimiento futuro del país.

Esta situación ha comenzado a provocar paros técnicos en algunas empresas, y en otras, los pretextos superficiales para aplicar medidas de reducción de empleo o cancelación de prestaciones adquiridas en las revisiones contractuales, lo cual afecta los ingresos y el poder adquisitivo de la clase trabajadora del país. Los amagos de paros técnicos y despidos de personal se comienzan a aplicar con las peores consecuencias para los que venden su fuerza laboral, que cada vez más reciben las amenazas de la parte patronal.

Precisamente, la semana pasada la empresa Arcelor Mittal anunció un paro técnico temporal, el cual mantiene en revisión, pero que afectará parcialmente a más de 900 trabajadores, especialmente en el pago de bonos e incentivos a la producción. Esta compañía es la fabricante privada de productos de acero más grande del mundo, con plantas establecidas en más de 60 países y cerca de 310 mil empleados en total. En el caso de la mayor planta de Arcelor Mittal ubicada en el puerto industrial Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde la decisión podría afectar a más de 13 mil personas. La empresa argumenta que la están perjudicando seriamente la sobreoferta de acero en el mundo y la caída de los precios de los productos de acero.

La Cámara Nacional del Acero (Canacero) y la Asociación de Industriales de Michoacán calculan que México ha importado alrededor de 4 millones de toneladas de acero a precios muy por debajo de la producción de Arcelor Mittal. El paro de actividades se refleja principalmente en el área de Aceros Planos e implica una disminución de una tercera parte de su producción, que en términos generales equivale a una reducción de 2 millones de toneladas, es decir, de seis a cuatro en forma anual.

La pregunta que los trabajadores, los líderes sindicales y las propias empresas se formulan es: ¿cuál es el criterio que aplica el gobierno, o a qué intereses obedecen estas decisiones de abrir la economía y el comercio de esta manera tan flexible y negativa para la industria nacional? ¿O será, acaso, que existen intereses muy fuertes arraigados en políticas totalmente alejadas del nacionalismo, la soberanía y la visión suficiente, que no permiten analizar que el futuro del país y la solución de sus problemas dependen de criterios de eficiencia, racionalidad y justicia social y económica para beneficio de la enorme mayoría de la población mexicana?

Ante esta situación, el panorama es desastroso para la industria y para el puerto más grande e importante de la costa del Pacífico de México, que limita con el estado de Guerrero, como es Lázaro Cárdenas, Michoacán, que se fundó hace 35 años como un polo de desarrollo industrial, y se encuentra cerca de los yacimientos de mineral de hierro y con una intensa actividad marítima que se vería afectada en su estabilidad y generaría una crisis que agravaría aún más la inseguridad y la desigualdad de esta región tan importante para el crecimiento del país. Si estas decisiones no se corrigen a tiempo, existe una seria preocupación de que la deuda pública de Michoacán se dispare, así como la corrupción y el fortalecimiento del crimen organizado que opera en ese territorio. Así que no es para tomarlo a la ligera, o para dejar correr la impunidad y los intereses personales o de grupo.

Estas políticas, por otro lado, pareciera que son producto de una estrategia para desestabilizar y crear problemas, ya sean laborales, sociales o económicos, en lugares donde no necesita más leña la hoguera. A veces se puede interpretar como crear conflictos artificiales entre empresas y sindicato, y otras veces más apoyar a unas empresas sobre otras para beneficios particulares. En diferentes escenarios, estas decisiones se convierten en el pretexto o la excusa para que algunas empresas propongan la reducción del empleo o de los salarios y las prestaciones, sin importarles las condiciones de vida de sus empleados y trabajadores, como en el asunto del Grupo Acerero del Norte, de Alonso Ancira Elizondo, quien ya comenzó un programa de reajustes de personal y de control de dirigentes locales corruptos bajo su control total.

México no puede ni debe permitir esos abusos, ni esas prácticas de corrupción política o empresarial. Por el contrario, es el momento de investigarlos y obligarlos a respetar las condiciones de trabajo y los derechos laborales y humanos de su población, para bien de la justicia, la estabilidad y la paz social, así como para el respeto al estado de derecho que tanta falta nos hace.

Ante tales circunstancias, la pregunta es: ¿quién defiende a México y a los mexicanos?