Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), fue trasladado el martes a un penal de Guerrero, luego de haber permanecido en la cárcel de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, en espera de que un tribunal colegiado resuelva sobre la presunta culpabilidad del activista, indicó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En un comunicado de prensa, la organización informó que el traslado del defensor de los derechos humanos a Guerrero se da en cumplimiento a la sentencia del 26 de enero de 2015, dictada por la juez tercero de distrito dentro del juicio de amparo 649/2014, interpuesto en favor de Suástegui.

En dicha sentencia, la juez determinó como ‘‘ilegal e inconstitucional’’ la orden de traslado del defensor comunitario al penal federal de Tepic (de máxima seguridad), en razón de que las autoridades penitenciarias no justificaron las razones particulares que motivaron la decisión, lo que implicó una violación a sus garantías.

Por tal razón, le ordenó al director general de Prevención y Reinserción Social del estado de Guerrero el inmediato reingreso del activista al penal guerrerense de La Unión, como forma de restituirle los derechos que le fueron violados.

Injustificado retraso para cambiarlo de cárcel

Sin embargo, lamentó Tlachinollan, ‘‘el gobierno del estado de Guerrero se empecinó injustificadamente en retrasar el traslado de Marco Antonio, interponiendo un recurso de revisión extratemporal a manos del director general de Reinserción Social, sobre el cual después se desistió’’.

Estas ‘‘acciones legales extemporáneas’’, enfatizó, contrastan con los mensajes públicos del Ejecutivo estatal (Rogelio Ortega Martínez) frente al Cecop y son una clara prueba de la falta de voluntad política y el uso arbitrario del sistema jurídico por parte del gobierno guerrerense, ‘‘con el único objetivo de continuar la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos’’.