El fondo para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas tiene actualmente un saldo de 167.3 millones de pesos. El año pasado –de mayo a diciembre– gastó 6.2 millones, especialmente para la compra y arrendamiento de inmuebles, así como otros servicios para proteger a las personas amparadas por el mecanismo.

Hasta el año pasado brindaba apoyo a 279 personas. Sin embargo, la estructura administrativa y jurídica para atender los casos de emergencia permanece sin titular. Al igual que la Subsecretaría de Derechos Humanos de Secretaría de Gobernación (SG), el mecanismo opera sólo con un encargado de despacho.

En esta última oficina está al frente de manera provisional el coordinador de la Unidad de Evaluación de Riesgo, precisó Edgar Cortez, integrante del consejo del mecanismo, instancia que solicita una entrevista con el titular de la SG, Miguel Ángel Osorio Chong, para hacer una evaluación urgente del tema.

El fondo se inició con una aportación inicial de 40 millones de pesos; luego aumentó a 170 millones. De pago de honorarios y comisiones, Gobernación reporta un gasto de 716 mil pesos.

El apoyo que brinda el mecanismo incluye autos blindados, guardias, chalecos antibalas, alarmas, sistema de vigilancia vía Internet y ‘‘evacuación’’ urgente para quienes están en riesgo a consecuencia de su trabajo.

También pueden colocarse sistemas de protección para las casas u oficinas de los periodistas y defensores amenazados, así como sistemas de comunicación y localización especializados e incluso vigilancia perimetral y escoltas.

También se proporcionará hospedaje, alimentación, asesoría sicológica o jurídica y transportación, mudanza o almacenamiento de bienes.