La definición que hizo el relator especial para la Tortura del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, sobre que en México hay una ‘‘práctica generalizada’’ de ese delito ‘‘incide negativamente en la valoración que se haga sobre la situación que vive el país’’.

Consideró lo anterior el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, luego de reiterar su rechazo a dicho término, ‘‘pues no se corresponde con una política de Estado la comisión generalizada de violaciones en contra de la población civil en forma sistemática’’.

En conferencia de prensa, el funcionario de la cancillería aludió al informe presentado el pasado 9 de marzo, en el que Juan Méndez asegura que ‘‘la práctica de la tortura y el maltrato, usado como castigo y como medio de investigación, está generalizada en la ley, por una ausencia de definición de tortura, y en la práctica, por la costumbre de detener para investigar en lugar de investigar para detener’’.

En ese contexto, en un comentario que el propio subsecretario hizo ante senadores, aseguró que el relator de la ONU ‘‘no fue profesional ni ético’’ y que México no volverá a trabajar con él.

‘‘En una relación madura y de cooperación como la que hemos sostenido desde hace tantos años, es la primera vez que tenemos una discrepancia en torno a la caracterización de la situación que se vive en México. Muchos de los puntos contenidos en el informe tienen mucho valor, pero donde tenemos una diferencia es en la valoración que se hace sobre la presunta práctica generalizada de la tortura’’, insistió.

Gómez Robledo destacó que el término ‘‘generalizada’’ significa que ‘‘hay una política de Estado de violación a los derechos humanos, en un contexto de ataque o de comisión generalizada de violaciones en contra de la población civil en forma sistemática y con conocimiento de causa de quien lo perpetra’’.

Sobre esto dijo: ‘‘Nos oponemos, porque en modo alguno es la situación que se vive en México, por más que enfrentemos todavía zonas de vulnerabilidad, desafíos y fragilidades institucionales’’. Reconoció que durante el año previo a la publicación del informe de la ONU pidió reiteradamente al relator que reconsiderara ese término.

–¿Puede hablarse de un fracaso de la diplomacia?

–Si lo quiere poner en esos términos, yo asumo el no haber logrado convencerlo –dijo.

Puntualizó que el relator pudo comprobar 14 casos de tortura, de los cuales 12 ya están siendo atendidos.

–¿Cuántos casos serían necesarios para decir que la tortura es generalizada?

–No debería haber un solo caso de tortura… pero decir que se trata de una situación generalizada equivale a que se comete en las 32 entidades federativas, en los tres órdenes de gobierno y en todo momento del proceso: desde la detención hasta la sentencia firme, y luego cuando se está purgando sentencia. Eso es lo que, creemos, debió haber sido dicho en términos más equilibrados y objetivos.