Diversas organizaciones nacionales e internacionales enviaron ayer una carta al presidente Enrique Peña Nieto para expresar su ‘‘rechazo y preocupación’’ ante las recientes declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que desacreditan los informes del relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, y del Comité contra la Desaparición Forzada, también de la ONU.

En la misiva, los colectivos firmantes –entre ellos Artículo 19, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y Organización Mundial contra la Tortura– se refirieron en particular a lo dicho por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, quien calificó el informe del relator sobre tortura de ‘‘no profesional y poco ético’’, y además recibió el apoyo del canciller José Antonio Meade.

‘‘Es inaceptable que la SRE rechace que la tortura sea generalizada en México, sin sustentar sus afirmaciones y sin explicar el alarmante aumento del número de quejas registradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones estatales desde 2006’’, subrayaron las organizaciones.

Aumento de averiguaciones

De igual forma, lamentaron que no haya ninguna explicación de las autoridades sobre el incremento de averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) por este delito, y por los ‘‘innumerables casos documentados que dan cuenta de patrones de conducta que se repiten diariamente en el país’’.

Por otro lado, destacaron la ‘‘preocupante y desafortunada postura’’ de la cancillería de no querer ‘‘trabajar más con el relator de la ONU para la tortura’’, pues ello no sólo va en contra de los métodos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que México es parte, sino que deja ver ‘‘la intolerancia y el desconocimiento ante graves violaciones que se vienen cometiendo en nuestro país’’.

En la carta al presidente Peña Nieto, también resaltaron que las expresiones emitidas por la Secretaría de Gobernación y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, en relación con las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, luego de su primera evaluación de la situación en México, ‘‘manifiestan claramente un cambio negativo en la política exterior, que se había caracterizado por la apertura al escrutinio internacional y la colaboración con los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas’’.