Las procuradurías General de la República (PGR), de los estados y del Distrito Federal han abusado de la figura del arraigo que, por sí misma, facilita el daño a los derechos humanos y ha sido utilizada incluso por faltas contra la moral y las buenas costumbres o atentados al pudor, informó el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia.

Ayer, en la Cámara de Diputados, presentó el resultado de una investigación que partió de 75 solicitudes de acceso a la información y confirmó que las autoridades judiciales y las procuradurías no tienen datos de cuántas de las personas arraigadas recibieron sentencia o condena.

Al desglosar los arraigos encontró que, por ejemplo, 11 personas fueron privadas de su libertad en el orden federal por supuestos delitos contra la moral y las buenas costumbres, y que en Nuevo León, de las 6 mil 609 órdenes concedidas, 14 se refieren a personas perseguidas por atentados al pudor.

Las solicitudes también se presentaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a las del Distrito Federal y de Nuevo León, que no contemplan como violación de derechos humanos la aplicación de la figura del arraigo.

La respuesta de la comisión capitalina sorprendió al observatorio porque el ombudsman de la ciudad había emitido una recomendación en 2011, en la cual señaló que el arraigo carecía de sustento constitucional y violaba los derechos humanos.

El reporte, que además recomienda eliminar esa figura de la Constitución y las leyes, explica que se solicitó información entre 2006 y 2014 para verificar la aplicación de ese mecanismo a partir de que el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado.

La PGR respondió que en esos ocho años 10 mil 768 personas fueron arraigadas, y los delitos de mayor incidencia son contra la salud, secuestro, terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de menores, personas y órganos, asalto y robo de vehículos, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De 9 mil 761 personas arraigadas entre 2000 y 2014, 7 mil 101 (72.7 por ciento) fueron consignadas ante un juez.

Así, mientras la PGR explicó que había solicitado 2 mil 952 órdenes de arraigo, el Poder Judicial reportó haber otorgado 14 mil 523, lo que demuestra falta de controles para el arraigo, ya que no es posible que las órdenes solicitadas sean menores a las concedidas.