El último eslabón de la cadena del sistema de justicia penal de corte democrático es la aplicación eficaz y efectiva de sanciones, entre ellas la cárcel, pero las penas o medidas de seguridad no deben imponerse por encima del respeto a los derechos humanos, sostuvo el profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Miguel Sarre.

Durante un debate académico organizado por el instituto, en el que expertos hablaron sobre los aspectos preocupantes y los puntos positivos de la iniciativa de ley nacional de ejecución de penas que busca restructurar el sistema penitenciario, Sarre apremió a los senadores a debatir y aprobar a la brevedad esa normativa.

Entre las propuestas que mayor polémica causaron en el debate, destacan: que si se aprueba la ley tal como fue redactada, sólo podría realizarse el traslado involuntario de un reo cuando exista una sentencia ejecutoriada (inimpugnable), y la propuesta de que se divida a los presos entre reos de alta y baja peligrosidad, de acuerdo con la gravedad de los delitos a los que hayan sido condenados, pero ya no, como se hace en la actualidad, mediante estudios clínicos sobre la personalidad del sentenciado.

Manuel Cavazos, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; Deyanira Fuentes, defensora pública federal; Ruth Villanueva, tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el propio Sarre (quien junto con otros académicos del ITAM diseñó y redactó el contenido de la iniciativa de ley), coincidieron en que la privación de la libertad como medida de sanción penal no despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, ya que es una obligación del Estado velar por el respeto de esos derechos fundamentales, mientras los reos se encuentren bajo su custodia directa.

En una posición crítica de la iniciativa se ubicaron Rubén Fernández, director del Sistema Penitenciario en el estado de México, y Samuel González, profesor de la Escuela Libre de Derecho.

En lo que sí coincidieron fue en la necesidad de contar con una normativa en materia de sistema penitenciario que resuelva, o al menos aminore, los graves problemas que enfrentan las cárceles mexicanas.