Sacudida a la ley antimarchas
Impugnará el GDF libertades
Atacar la raíz de conflictos
al, muy mal harán las autoridades del Distrito Federal si de verdad piensan apelar del fallo del juzgado octavo de distrito que decidió proteger la protesta social en las calles de la ciudad de México, porque sería dar la espalda a quienes no encuentran amparo ni en las leyes ni en los gobernantes, en una metrópoli que ha consolidado a las libertades, de todo tipo, como su mayor capital político.
Hasta ahora hay 63 juicios de amparo en contra de la Ley de Movilidad que impulsó la derecha panista, que ambiciona, desde hace mucho, hacer callar a quienes se inconforman con la injusticia, principalmente la que emana de la autoridad gubernamental, y que ahora, inexplicablemente, trata de defender el gobierno de izquierda de Miguel Ángel Mancera.
Las organizaciones sociales que han iniciado juicios de amparo ya han conseguido, cuando menos, ocho fallos favorables, y pese al bandazo del gobierno de la ciudad, hay entre los asambleístas del DF, es decir, la cámara de diputados local, la idea de tumbar los artículos que impiden a los que protestan, tomar las principales vías de circulación de la capital del país, y les pretenden obligar a pedir permiso para manifestar su rechazo a la injusticia.
Los diputados, o cuando menos algunos, buscan adelantarse a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, quieren borrar de la ley eso que va en contra de la protesta y que negaría, desde ya, el lema que señala a la ciudad de México como un lugar de libertades, como ya lo hemos dicho, pero no es nada fácil, porque la derecha supone que tiene como cómplice al gobierno, cosa que tendría que desmentirse desde ya, antes de que sea muy tarde.
De ninguna manera podría resultar ocioso recordar que lo que debería atacarse es la raíz de los conflictos que traen a la gente de otras entidades de la República al Distrito Federal, por ejemplo, porque son víctimas de malos gobiernos. Así, antes de condenar a quienes sufren de las decisiones erradas de los políticos gobernantes, se tendría que enjuiciar a quienes propician esas protestas.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy tan profundamente vulnerada por el poder presidencial, asegurarse que el pensamiento más retrogrado triunfe por sobre el derecho a la protesta no es nada del otro mundo, nadie les reconoce su buen juicio cuando de defender el derecho de los más se trata, así que si los diputados locales logran enderezar la ley, sería algo de lo muy poco que se ha hecho desde la casona de Donceles y Allende en bien de las libertades.
De cualquier forma, lo más importante aquí es tratar de hacer entender al gobierno de la ciudad de México que quienes protestan en las calles no son enemigos de los que viajan en auto. Los que resultan contrarios a los que caminan por la calles para condenar una injusticia y quienes viajan en automotores un día u otro serán los mismos, porque unos y otros pertenecen a las mayorías que son afectadas por los malos gobiernos. Así o más claro.
De pasadita
Y ya que hablamos de la Asamblea Legislativa y de las cosas que allí se cocinan, no podíamos dejar de lado el comentario del contralor del DF, Eduardo Rovelo, quien asegura que no se tiene ningún dato que vaya en contra del delegado con licencia de Iztapalapa, Jesús Valencia, por el asunto aquel del choque y las mil declaraciones. Así que Valencia seguirá su camino político sin mayor problema, aunque ahora ya no sea él quien maneje. ¿Será?
