Luego de que un juzgado federal declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Movilidad, el diputado Alejandro Ojeda señaló que es necesario hacer un alto en el camino y realizar las modificaciones necesarias para resguardar los derechos y garantías de los ciudadanos.

El perredista, quien en su momento se opuso a esta legislación, indicó que viola diversos derechos humanos protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

Indicó que dicha ley impone la obligación de avisar sobre marchas con 48 horas de anticipación y prohíbe el uso de vías primarias para realizar manifestaciones, al tiempo que insiste en satanizar las marchas y manifestaciones, pero nadie cuestiona las omisiones de los servidores públicos que por negligencia provocan que la gente salga a la calle a reclamar sus derechos.

Sostuvo que las marchas y movilizaciones se encuentran reguladas en el artículo 9 constitucional, que también protege el derecho a la petición colectiva, y en su conjunto es un mecanismo de liberación social y de democracia participativa, en el que el pueblo sale a la calle a manifestar su descontento por el actuar del gobierno.

Explicó que mencionar que las manifestaciones causan afectaciones económicas es un argumento no válido, ya que estaríamos en el absurdo de decir que los derechos a la salud, educación y otros causan un gasto, y entonces los tenemos que eliminar”.