l presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (Cotal), Jorge Hernández Delgado, propuso ayer, en el contexto del 40 Tianguis Turístico, la eliminación de los visados entre los países de la región, toda vez que las formalidades y complicaciones en el proceso de entrada sigue ahogando el crecimiento de los viajes y el turismo, especialmente en las naciones emergentes, las cuales suponen uno de los mercados emisores de más rápido crecimiento.

La propuesta, desde luego formulada en la perspectiva del interés empresarial y con un claro afán de generar oportunidades de negocio para las compañías del ramo turístico, resulta sumamente atendible, no sólo desde la lógica económica, sino también desde el punto de vista de los derechos humanos de los millones de personas que transitan por los distintos países de la región y en la lógica del proceso de integración regional en curso.

En efecto, lo que coloca a los migrantes en situación de vulnerabilidad durante sus trayectos no es la migración en sí –la cual, en su vertiente económica, cumple la función de equilibrar la demanda de fuerza de trabajo entre un lugar y otro–, sino la imposición de requisitos administrativos que obstaculizan ese fenómeno y generan un amplio margen de maniobra para la corrupción, el abuso, la extorsión y el tráfico de personas.

Baste mencionar, como botón de muestra, el caso de nuestro país, donde la migración indocumentada es una falta administrativa menor y donde, sin embargo, la carencia de los documentos requeridos por el gobierno para transitar por el territorio coloca a millones de migrantes en situación de riesgo ante los atropellos de autoridades civiles, elementos policiales y militares y bandas del crimen organizado.

Por lo demás, en un orden económico mundial claramente orientado a la apertura de las economías y el abatimiento de las barreras nacionales, la persistencia de limitaciones legales a los flujos migratorios constituye un contrasentido y una inmoralidad, en la medida en que priva a las personas de un libre tránsito que se procura, en cambio, para las mercancías y los capitales. Ese despropósito se magnifica en una región como la nuestra, donde las poblaciones nacionales están unidas por factores históricos, sociales y culturales, empezando por el idioma, y donde se han ensayado diversos procesos de integración política y económica –la Unión de Naciones Sudamericanas, la Alianza Bolivariana y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños– que hacen ver los persistentes obstáculos migratorios entre varios países latinoamericanos como un anacronismo inadmisible e injustificable.

Cabe congratularse por el hecho de que una propuesta tan saludable y atendible se haya formulado en este foro empresarial. Es deseable y necesario que los gobiernos de la región muestren, en lo que corresponde al bienestar de sus poblaciones, la misma sensatez que aplican los empresarios para procurar sus negocios.