sta semana se cumplen seis meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Al dolor y reclamo de su aparición con vida se han sumado, junto a sus madres y padres, miles y miles de voces ciudadanas del país y fuera de él, así como parlamentarios europeos, el papa Francisco e incluso funcionarios del gobierno estadunidense; éstos ya en terrenos de matices diplomáticos.
También se hizo presente desde el primer momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la solicitud de medidas cautelares y posteriormente la firma de un convenio de asistencia técnica con el gobierno mexicano. La concreción del mismo se expresa en la conformación del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) que llegó al país el primer día de marzo. Justamente el 19 de marzo el grupo presentó ante la opinión pública un informe preliminar. Entre sus primeras peticiones destaca tratar el caso como desaparición forzada (con base en el control de convencionalidad exhortaron a los jueces a una reclasificación del delito).
También formularon varias solicitudes: una copia digital del expediente que se encuentra en la PGR, establecer un dispositivo de atención médica para los familiares y contar con una segunda evaluación neurológica urgente para el normalista Aldo Gutiérrez, quien se encuentra en estado de coma, además de resguardar toda la información relevante y continuar con las búsquedas. El documento contiene sugerencias específicas que dan cuenta de la posición, si bien implícita, de abrir otras líneas de investigación, continuar con la búsqueda y establecer hipótesis que no sólo se basen en información brindada por los familiares.
Respecto de las fotos satelitales relativas al basurero de Cocula, sugiere a la PGR que por conducto del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), el cual tiene vínculo con los satélites de otros países, se obtengan otras. También solicitó un mapa de fosas actualizado y casos relacionados con ellas, en la zona de Iguala. Incluso recomendó, para la identificación de nuevas fosas, el uso de tecnología láser (LIDAR, entre otros posibles), en los alrededores de Pueblo Viejo, La Parota y otros lugares. Evidentemente, más allá de Cocula como asentó en su verdad histórica
Murillo Karam.
Asimismo, anotaron que están revisando testimoniales, peritajes y que han solicitado una entrevista con el personal militar del batallón 27 de Iguala. Concluyeron con una reflexión crítica sobre la atención a víctimas y, en el ámbito de políticas públicas, confiaron en la pronta emisión de legislación sobre desaparición forzada. El conjunto de mensajes, si bien cuidadosos, dan cuenta de un enfoque cercano al que han demandado los familiares de los normalistas, en específico, en cuanto al delito de desaparición forzada y el que se abran otras líneas de investigación. Llamó la atención que el gobierno federal eludió comentar este informe de manera directa, pues se debían presentar el día siguiente ante la sede de la CIDH donde se realizaron cinco audiencias, una sobre desaparición forzada. Durante la misma organizaciones de otras regiones del país, Chihuahua entre ellas, cuestionaron los nulos resultados en la investigaciones sobre las 25 mil personas desaparecidas en los últimos años.
El gobierno federal hizo un reconocimiento sobre la magnitud del problema y las dependencias PGR, Gobernación y Relaciones Exteriores informaron de las acciones que han realizado o están en curso, como el Protocolo homologado de desaparición forzada, una base de datos ante mortem-post mortem, que operará en todas las procuradurías, fiscalías y servicios del país a finales de 2015, el despliegue de 95 laboratorios móviles, de los cuales 30 tienen especialidad en genética y que las procuradurías integrarán las bases de información de ese tipo de todas las entidades; se creará la unidad especializada de búsqueda de personas desaparecidas de la PGR, y se fortalecerá el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas.
Por su parte, la CIDH reconoció que se acepte la existencia de la desaparición forzada y los familiares reiteraron que sólo habrá justicia cuando haya verdad. Llamó la atención que el gobierno federal implícitamente avaló el informe previo del GIEI al mencionarlo sin comentarios y al referir ese acuerdo de asistencia técnica como una muestra de voluntad política. La contradicción del Estado mexicano es evidente, su postura abierta y políticamente correcta ante la CIDH se confronta con la respuesta que la PGR dio a La Jornada en su solicitud de información pública, argumentando que no hubo desaparición forzada en Ayotzinapa (22/3/15). Si el Poder Judicial no trasciende a los delitos comunes, este caso llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juzgar al Estado por el delito de lesa humanidad.
