La imaginación de los defraudadores en México no tiene límites. Los hay en y desde las empresas. Abundan en las dependencias públicas. Proliferan entre los empleados de las instituciones de crédito.

Los defraudadores han encontrado en el sector inmobiliario una veta para engañar a los interesados en comprar alguna vivienda. Hasta los que administran panteones han ideado la manera de timar.

Nadie mejor que Alfonso Hinojosa sabe lo que es luchar en México por alcanzar justicia por un caso de fraude. Lleva dos años y medio esperando que un Ministerio Público ejercite acción penal contra su ex cuñado David, ex empleado de una funeraria que se coludió con el administrador de un panteón en la ciudad de México para ofrecer espacios para inhumaciones en lugares que aún estaban ocupados. Le vendieron un espacio en 8 mil pesos, pero cuando quiso ocupar el lugar para inhumar a su madre, descubrió que estaba ocupado.

El sector inmobiliario está inmerso en una profunda crisis luego de que se hizo público el millonario fraude de las empresas Geo, Urbi, Sadasi y Homex –acusadas por decenas de familias afectadas–, que vendieron casas de interés social con un sobreprecio hasta de 40 por ciento. Por si fuera poco, las viviendas fueron construidas sobre terrenos que carecían de los permisos municipales de construcción.

Las denuncias penales que hemos presentado contra los dueños de esas vivienderas han caminado a cuentagotas. Las instituciones de procuración de justicia estatales y federales están poniendo muchas trabas, y después de cinco años apenas estamos consiguiendo las primeras órdenes de aprehensión, asegura José Humbertus Pérez Espinoza, vocero y presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna.

Otros fraudes aún impunes, que implican cantidades estratosféricas, son el de Oceanografía, de Amado Yáñez, a quien se imputa haber afectado el patrimonio de Banamex por casi 500 millones de dólares, y el cometido por Ficrea, que afectó a mas de 2 mil de sus ahorradores, víctimas de un desfalcó calculado en 2 mil 700 millones de pesos.

En las oficinas gubernamentales no se quedan atrás. El año pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional acusó penalmente al general de brigada Ángel Sergio Olivares Morales de un presunto fraude en la licitación de una partida de medicamentos por más de mil 259 millones de pesos.

Empleados de la Policía Auxiliar del Distrito Federal enfrentan una investigación por presunto fraude de 20 millones de pesos.