Los pendientes para abatir la alta incidencia de fraudes en México aún son muchos. Las agencias del Ministerio Público del país están saturadas de denuncias, que llevan varios años sin que los defraudadores enfrenten siquiera una orden de aprehensión.

La sobrecarga de trabajo de las procuradurías de justicia y de los juzgados, que desahogan un promedio de mil 200 casos de delitos patrimoniales al año, según cifras del Poder Judicial de la Federación a las que La Jornada tuvo acceso, además de los vicios de excesivo formalismo en que incurren agentes del Ministerio Público, jueces y defensores, derivado de la trayectoria cultural y académica de los abogados mexicanos, atrasan la resolución de fondo de los juicios contra los defraudadores que ya están presos.

En los pasados tres años las incidencias de casos de fraudes a empresas, o los que empleados de alguna compañía cometen contra los usuarios de los servicios que otorgan las mismas aumentaron entre 13 y 15 por ciento, según encuestas de consultoras como Kroll, KPMG, PwC y EY, a las que tuvo acceso La Jornada.

Los actos más comunes ligados a delitos patrimoniales son desvíos de dinero de las cuentas empresariales por parte de contadores o personal de confianza de los accionistas (72 por ciento), disposición de dinero para gastos personales por mandos medios en empresas (14 por ciento), engaños a clientes de diversa índole (8 por ciento), abuso de confianza y falta de ética, según informes de esas consultoras.

Aunque las encuestas referidas indican que México es el país de América Latina con mayores índices de fraudes y delitos de índole patrimonial, los orígenes de ese fenómeno no están en la idiosincrasia mexicana, en la falta de educación o en la extrema pobreza, sino, básicamente, obedece a un problema de impunidad, asegura el abogado Martín Millán, con 25 años de experiencia en litigios penales.

“México ocupa el primer lugar en incidencia de fraudes en toda América Latina, con 75 por ciento (lo que también ha documentado la encuesta realizada por KPMG), seguido de Brasil, con 68 por ciento.

Ocho de cada diez empresas en México han padecido de algún fraude, y el monto del daño oscila entre 150 mil y 200 mil pesos. El promedio de edad de los defraudadores va de los 20 a los 30 años, y el responsable más frecuente es el que tiene un puesto operativo, quien por lo regular lleva como mínimo tres años en la compañía, destaca Millán.

Jesús Alberto Guerrero Rojas, otro abogado con amplia experiencia en la asesoría a víctimas de fraude, explica que para poder lograr una orden de aprehensión contra un defraudador en este país, el promedio estándar, con un muy buen abogado acusador, es de nueve meses.

Un fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que pidió omitir su nombre explicó: “por ejemplo, detectas que tu contador dispuso de cierta cantidad de dinero de las cuentas de tu empresa. Primero, tienes que hacer un dictamen contable, el cual debe llevar toda la evidencia.

“Una vez que ya tienes ese dictamen, presentas tu querella ante el Ministerio Público y correteas a la procuraduría para que un fiscal le pida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que envíe un escrito al banco, para que éste dé los datos de la cuenta que recibió todos esos documentos.

Luego hay que esperar a que la CNVB reciba el oficio de la autoridad, se lo mande al banco, la institución financiera conteste y la comisión se lo regrese. Es un trámite absurdo; te tardas de cinco a seis meses, y otros tres meses para lograr una orden de aprehensión. De aquí a que le echas el guante al defraudador ya se gastó tu dinero, aseguró el funcionario encargado de una fiscalía de delitos patrimoniales.