l resultado de los comicios realizados ayer en la comunidad autonómica de Andalucía es una primera muestra de la modificación del mapa político español y prefigura lo que podría ocurrir en las elecciones generales que habrán de realizarse en toda España como máximo en diciembre próximo: la ubicación de Podemos como tercera fuerza electoral, el derrumbe del Partido Popular –gobernante en el país–, el avance de la formación centrista Ciudadanos –surgida en Cataluña en 2006–, la recuperación parcial y regional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, primera fuerza opositora en el ámbito nacional) y el desgaste de Izquierda Unida (IU).
Ciertamente, la elección de ayer tiene como componente regional particular el predominio histórico del PSOE en tierras andaluzas y, por lo que se refiere a esa facción, no puede considerarse representativo del resto de España.
Por lo demás, la irrupción en el escenario político de Podemos (que logró 15 escaños en el parlamento autonómico, frente a los 47 del PSOE, los 17 del PP y los cinco de IU), a pesar de que no disponía de una organización relevante en Andalucía, y el crecimiento de Ciudadanos (nueve legisladores), parecen indicar el declive del bipartidismo que ha dominado la vida parlamentaria española desde 1982.
Este fenómeno ocurre en el contexto inequívoco del desencanto ciudadano ante el régimen institucional, los dos partidos mayoritarios y la clase política tradicional, los cuales han sido incapaces de contener el hundimiento del estado de bienestar, la catástrofe económica, la corrupción de las altas esferas del poder y los extravíos de la política exterior. Si Ciudadanos se planteó en su origen combatir la hegemonía de los partidos nacionalistas catalanes y ha logrado, desde entonces, ganar presencia en otras regiones de España, Podemos surge de la insurrección cívica que tomó cuerpo en el movimiento llamado 15-M (15 de mayo) o Indignados y que se extendió por el territorio español a partir de 2011.
Los acendrados descontentos sociales que recorren al Estado español han dado lugar a reivindicaciones variopintas que representan, a su vez, el agotamiento del modelo político y económico, y que pueden resumirse en el anhelo de pasar de una democracia formal representativa a una democracia participativa en la que las decisiones del Estado sean resultado de consensos reales y no de pactos internos de la clase política; en el deseo de reorientar la política económica para poner como prioridad número uno el bienestar de la población y no el interés de los grandes capitales; en el saneamiento y la moralización de una institucionalidad corroída por los manejos turbios del dinero público; en los descontentos regionales frente a un Estado centralista y opresivo de las nacionalidades, y en el hartazgo ante la caduca y esperpéntica figura de la Casa Real, tocada por los escándalos de corrupción y frivolidad de algunos de sus integrantes.
Es razonable suponer que, salvo por lo que se refiere a la recuperación del PSOE, que es un fenómeno regional, como ya se ha dicho, las tendencias expresadas en los comicios andaluces de ayer volverán a presentarse en la cita de las urnas prevista para diciembre de este año. Cabe esperar, asimismo, que en esa ocasión los votos abran la posibilidad de una renovación general y profunda de la institucionalidad española y la restitución del sentido democrático a un régimen político que en buena medida lo ha perdido.
