Ayer decenas de personas se manifestaron frente a la sede de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para rechazar el dictamen de la Ley General de Aguas, aprobado el 5 de marzo en comisiones de la Cámara de Diputados, ya que consideraron que busca imponer megaproyectos hidráulicos y privatizar el recurso.

Representantes de organizaciones ambientalistas, campesinas y ciudadanos –mediante mantas y pancartas que colocaron en las rejas del organismo federal– expresaron en el Día Mundial del Agua que hay ‘‘represión’’ hacia opositores a los proyectos federales e incluso algunos están encarcelados, como son Mario Luna y Fernando Jiménez, de la tribu yaqui, quienes encabezaron las protesta contra el Acueducto Independencia en Sonora.

En diversos pronunciamientos expresados en el mitin, los inconformes señalaron que la Conagua, desde su creación en 1989, ha mostrado un ‘‘carácter autoritario y arbitrario en la administración del líquido’’ y esto ha agudizado una profunda crisis hídrica en todo el país.

Además, aseguraron, hay omisión de las autoridades frente a la contaminación, se promueve la sobrexplotación del agua y se fomentan los trasvases, como el proyecto Monterrey VI, con el que se busca llevar agua del río Pánuco, de Veracruz, a Monterrey, y la presa y acueducto El Zapotillo, en Jalisco, que tiene como fin conducir el líquido a León.

La organización Agua para todos, agua para la vida, señaló que la iniciativa Korenfeld, en referencia al apellido del titular de la Conagua, impulsa la privatización del recurso, su mercantilización y los cortes del suministro; garantizará el líquido para industrias y embotelladoras, mientras el resto de los mexicanos sufrirá por el tandeo y las pipas, agregó.

Por su parte, representantes de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, Fan México y la Alianza Mexicana contra el Fracking, entre otras, señalaron que ese dictamen, que no llegó al pleno del Congreso por la oposición de diversos sectores, es revelador del desconocimiento de los legisladores que lo promovieron sobre los estándares internacionales del derecho humano al agua.

Agregaron que el concepto de calidad del agua no queda claro y en el tema de las tarifas se establece abiertamente como punto central la sustentabilidad financiera, antes de la asequibilidad, y este concepto no lo considera como que el agua debe estar al alcance de todos, sino que la iniciativa lo ubica como ‘‘costos y cargos’’ directos asociados al agua para consumo personal y doméstico.

Por su parte, Greenpeace hizo un llamado a incluir en un debate público y en el Congreso –como lo demandaron rectores de universidades públicas– la iniciativa ciudadana que fue entregada en febrero a un grupo de 42 legisladores, la cual fue ignorada en la reciente discusión legislativa.

Esta iniciativa ha sido respaldada mediante peticiones en línea impulsadas desde la plataforma de Avaaz y por la Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad, y cuenta con alrededor de 90 mil firmas.