Los investigadores asiduos a los archivos públicos (historiadores contemporáneos y periodistas, entre otros) tienen una discusión acerca de la garantía de protección de los datos personales y el acceso directo, libre, sin tachones ni omisiones a documentos histórico confidenciales.

Para Ángeles Magdaleno, presidenta de la Asociación de Defensa de Usuarios de Archivos y ex directora de Información de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), no hay ninguna duda. Opina que las restricciones impuestas a la consulta de dichos documentos son una aberración.

Es que, subraya, si un archivo es histórico, no puede ser al mismo tiempo confidencial.

Antes del actual marco legal Magdaleno pudo obtener, sin omisiones, el perfil del ex presidente del PRI Carlos Madrazo (1915-1969), el expediente de Raúl Salinas Lozano, padre del ex mandatario Carlos Salinas de Gortari, y de la ex candidata del PAN a la Presidencia Josefina Vázquez Mota, entre otros.

Sin embargo, la consulta total del contenido de los documentos histórico confidenciales hoy día ya no es posible; según la ley actual de archivos, es necesario que transcurran 70 años para tener acceso libre a los expedientes.

Magdaleno subraya que la gravedad radica no sólo en someter a los historiadores a trámites administrativos, sino al propio análisis que los comisionados del Ifai deberán hacer de esos casos, pese a que no son historiadores ni archivistas. Además, el país no tiene especialistas suficientes para revisar y elaborar la versión pública de los documentos.

La ley indica que cuando un archivo es vigente, se le llama de gestión. Al término de su uso ordinario el documento se va al archivo de concentración, también conocido como archivo muerto, y una vez concluidos ambos valores, administrativos y jurídicos, se envía al archivo histórico. Están censurando, limitando la libre circulación de ideas y textos, expuso en entrevista.

Froylán Enciso, especialista en el desarrollo del narcotráfico en Sinaloa, afirma que el principal problema no es la restricción a la versión original de los textos, sino el estado lamentable en que se hallan casi todos los archivos en el país.

El AGN es el paraíso en comparación con los estatales y municipales, entre otros, incluso el de la Suprema Corte de Justicia. Son instancias que se caracterizan por la ineficiencia, desorden y opacidad.

Es por ello que, en la práctica, buscan el modo de tener acceso a los expedientes que por ley nos habrían sido negados.

En Sinaloa, por ejemplo, “en cierto archivo hay sólo un señor cuidando una bodega de cajas. En otros, la traba no es que haya alguien malévolo impidiendo el acceso a la información, sino ante la falta de recursos e inversión los expedientes se pudren, se caen a pedazos.

¡Por supuesto, ante el caos, es muy difícil encontrar algún documento de alta relevancia; incluso, si me dieran la versión pública del mismo (con los datos personales omitidos) sería para mí oro molido!, comentó.