Aurora Navarro, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, fue secuestrada por la policía política en febrero de 1976
El caso revelará el desempeño de instancias gubernamentales sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales
Lunes 23 de marzo de 2015, p. 2
Aurora de la Paz Navarro del Campo dirigió el grupo político militar clandestino Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Se dice que ha sido la única mujer en la historia de las guerrillas mexicanas que ha encabezado una organización de ese tipo.
En febrero de 1976 fue secuestrada y jamás se le volvió a ver. El último registro de ella y de su pareja, José Cortés Castro, es un reporte acerca de su detención emitido el 3 de febrero de ese año por Guillermo Lira Murrieta, entonces titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Por muchos años las autoridades negaron tener relación con la captura y desaparición de la entonces joven lideresa de las FAR, quien tenía dos hijos.
Sin embargo, con base en el documento firmado por Lira Murrieta fue posible refutar la versión oficial y exigir el esclarecimiento de lo que entonces se calificó de caso de desaparición forzada.
El hallazgo clave, el hilo de la madeja de la historia, se encontró en el Archivo General de la Nación (AGN), en la galería donde se ubican los expedientes sobre la llamada guerra sucia.
El expediente de quien la policía política de la época ubicó con los sobrenombres de Nené, Lilia o Maya fue reabierto a la luz del trabajo de la antigua Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada durante el gobierno de Vicente Fox Quesada con la intención de combatir la impunidad y el olvido.
Pero en ese mismo sexenio la Femossp fue cerrada y sus expedientes remitidos a una área menor de la Procuraduría General de la República (PGR).
En 2007, Catarino, hijo de Aurora y José, solicitó a la PGR el expediente de su madre no sólo para continuar la búsqueda, sino para saber a ciencia cierta si el legajo se encontraba en el olvido o si alguien daba algún tipo de seguimiento al caso.
La petición le fue negada, pese a haber demostrado su lazo consanguíneo, toda vez que sus apellidos son distintos, porque tras la detención-secuestro de Aurora sus hijos fueron llevados con la abuela materna, de quien tomaron sus apellidos.
Ante ello, con el apoyo de abogados expertos en derechos humanos, comenzó un litigio que dio frutos siete meses después, cuando en un hecho sin precedente obtuvieron un amparo para tener acceso libre al expediente completo, sin tachaduras a los datos personales ni algún tipo de omisión, colocada en documentos histórico-confidenciales
.
Ahora se tienen los elementos para seguir indagando y, sobre todo, combatir la impunidad, indica el abogado Sergio Méndez Silva.
El objetivo, afirma Catarino, es saber qué ocurrió, por qué desde los dos años de edad está a cargo de su abuela, la maestra Mercedes del Campo.
Nunca nadie la volvió a ver desde aquel fatídico 3 de febrero de 1976. Treinta años después me enteré de que la DFS elaboró su declaración por esas fechas. El último dato que existe en su expediente, en el archivo de la DFS, es un resumen de esa declaración fechado en 1985 ¿Estaría mi madre entonces viva, a casi 10 años de su detención-desaparición?
, se pregunta.
Ahora, agrega, “sólo nos queda tratar de recuperar lo que el Estado nos arrebató.
Si eran realmente culpables de algún delito, ¿por qué no los encarcelaron? La decisión de matarlos o desaparecerlos afectó a toda mi familia.
El documento hallado en el AGN, explica el abogado Sergio Méndez, es fundamental para continuar con la indagatoria (lo mismo ha ocurrido en otros casos) o saber si alguna instancia gubernamental realmente atiende las desapariciones o ejecuciones extrajudiciales de la guerra sucia (años 70) o todo se ha convertido en un enorme archivo muerto.
Advirtió que si los expedientes de la guerra sucia ya habían sido desclasificados (2002), su cierre es anticonstitucional, porque se afecta la progresividad de las garantías básicas, consagrada en el artículo primero de la Carta Magna.
(La suspensión del acceso directo a los expedientes) es una medida regresiva que atenta contra el derecho a conocer la verdad, como parte de la reconstrucción histórica de nuestro país, de crímenes del pasado e incluso de genocidio
, expresó.
Es necesario generar presión social para revertir la decisión. La información, agregó, es de alta relevancia pública; se debe ponderar el derecho de los mexicanos de conocer la verdad y ello no se puede hacer coartando el acceso a la información.
La diputada Elena Tapia (PRD), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que los documentos mencionados son de interés público y, por tanto, se debe facilitar el acceso a los expedientes. Las instituciones deben facilitar el acceso, aseveró.
